DAVID EDYE

Aunque no es nueva la atención jurídica al fenómeno del tráfico rodado, durante los últimos años se ha convertido en un tema especialmente visitado desde múltiples ópticas: legislativa, práctica, dogmática, etc. Especial interés viene despertando su examen desde el punto de vista represivo (punición de determinadas conductas relacionadas con la utilización de los vehículos a motor, muy especialmente aquellas que generan intolerables riesgos abstractos para la colectividad), educativo (carné por puntos, obligaciones de vuelta a las autoescuelas, etc.) y tuitivo (atención a las víctimas y a sus familiares). El nuevo, o renovado, interés por las cuestiones atinentes a esta vieja problemática viene propiciado por el denodado esfuerzo que sobre esta cuestión despliega la política legislativa en la materia. La acción normativa se basa en dos premisas fundamentales, que naturalmente se irradian a la configuración técnica de las soluciones asumidas: 1º) el control sobre determinados ámbitos de la conducción es necesario para prevenir actitudes peligrosas, o abiertamente fraudulentas; 2º) han de asumirse conceptos y valores sumamente autónomos. En ese contexto parece útil abordar un estudio sistemático sobre la influencia de dicho fenómeno en el sistema protector de Seguridad Social. Con la metodología propia de los estudios sobre jurisprudencia y doctrina judicial, eso es lo que se pretende realizar ahora, analizando de qué forma y manera influye el accidente de tráfico en la delimitación del accidente de trabajo, en todas sus modalidades, y con todas sus particularidades.