Fernando Gascón Inchausti

Cada vez es menos infrecuente que ante nuestros tribunales se susciten litigios que enfrenten a particulares con Estados extranjeros. Y, siempre que se plantea alguna controversia de este tipo, aparece en el debate procesal el término «inmunidad», al tiempo que surgen dudas acerca de su ámbito y su eficacia, que se suelen responder acudiendo a tópicos y expresiones muy genéricas, como la distinción entre actos de imperio y actos de gestión, cuyo auténtico contenido jurídico a menudo no se conoce con detalle. El presente trabajo analiza esta cuestión, desde la perspectiva del justiciable que pretende obtener tutela judicial frente a un Estado extranjero. A tal fin, se estudia en primer término la inmunidad de jurisdicción de los Estados: su ámbito objetivo y subjetivo, su eficacia, la posibilidad de renunciar a ella y el tratamiento procesal que merece, así como las especialidades que reviste un proceso declarativo frente a un Estado extranjero, en los casos en que resulte procedente su desarrollo.

El presente trabajo aborda una dimensión de la tutela judicial de los consumidores y usuarios que no había sido hasta ahora objeto de tratamiento en nuestro país: la celebración de transacciones colectivas como forma de poner fin a los procesos civiles en que se hayan ejercido acciones colectivas. Esta es la forma habitual en que terminan la mayor parte de los procesos colectivos en otros paises (sobre todo en Estados Unidos), pero en el nuestro no esta expresamente regulada, lo que hace precisa una labor de interpretacion normativa para justificar su viabilidad. El nucleo del problema esta en hallar la formula para que un sujeto aquel que esta ejerciendo una accion colectiva porque esta legitimado para ello celebre una transaccion respecto de derechos ajenos los de los consumidores en cuyo beneficio se incoo el proceso, de modo que lo acordado resulte vinculante para todos sin necesidad de asentimiento expreso por su parte. En la obra se analizan las diversas formulas existentes en el panorama comparado y se hacen propuestas para hacerlo posible en nuestro pais, distinguiendo entre las acciones colectivas de cesacion y aquellas que tienen un contenido resarcitorio.

El presente trabajo constituye un estudio riguroso y exhaustivo de dos materias que, tradicionalmente, no han sido todavía objeto de tratamiento directo desde la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000. De un lado, se estudian las llamadas «cuestiones procesales», es decir, las posibles incidencias que pueden plantearse en diversos momentos del proceso en relación con aspectos que afectan al proceso en sí, a los requisitos y presupuestos que condicionan que aquél pueda desarrollarse válidamente y concluir con sentencia sobre el fondo (así, los requisitos de admisibilidad de la demanda, los relativos a la jurisdicción y competencia del tribunal, las cualidades con que han de comparecer las partes o los requisitos de la acumulación de acciones, entre otras). Son cuestiones que se plantean con gran frecuencia en la práctica y que en este trabajo se estudian de forma sistemática e individualizada, con especial atención al tratamiento procesal, esto es, a la forma de poner de relieve eventuales defectos procesales y a la forma de subsanarlos o de reaccionar en caso de que no sea posible la corrección. Precisamente una de las vías más frecuentes para el tratamiento de un número relevante de cuestiones procesales es su debate y resolución por el tribunal en la audiencia previa al juicio, en el marco del juicio ordinario. No es ésta la única finalidad de esta etapa del proceso, pero sí una de las más características. Por eso, se estudia en profundidad la audiencia previa al juicio como mecanismo para el tratamiento de cuestiones procesales. Además, se estudian también las restantes finalidades de la audiencia previa al juicio y su dinámica procedimental interna, elementos sin los cuales el estudio sería incompleto. Y, para dotarlo de mayor exhaustividad, se estudia también de modo directo el tratamiento de las cuestiones procesales en el marco del juicio verbal, dada su frecuencia práctica y, a la vez, la ausencia en él de un trámite como la audiencia previa al juicio. Se trata, pues, de un trabajo eminentemente práctico, que ofrece respuestas a problemas cotidianos, pero escrito con un enfoque y una sistemáti

Decomiso de bienes, persecución de la delincuencia organizada y cooperacion internacional. Incidencia de la normativa supranacional sobre el objeto del decomiso: potestad de decomiso ampli

A partir del 21 de octubre de 2005 resulta de aplicación en todos los países de la Unión Europea -con la excepción de Dinamarca- el Reglamento (CE) núm. 805/2004 por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados. Este Reglamento ha cre­ado una figura jurídica nueva, el título ejecutivo europeo, gracias a la cual se pretende instrumentar de manera diversa la forma de otorgar eficacia en un Estado a ciertas resoluciones, transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva extranjeros. La figura del título ejecutivo europeo para créditos no impugnados surge con la finalidad de eliminar, en un determinado ámbito, la necesidad de acudir al procedimiento de exequatur: ciertas resoluciones y tran­sacciones judiciales, así como ciertos documentos públicos, podrán cer­tificarse como título ejecutivo europeo en su Estado de origen y, desde ese momento, tendrán fuerza ejecutiva en los demás Estados miembros de la Unión Europea, esto es, podrán fundar directamente y por sí mis­mos la apertura de un proceso de ejecución, sin necesidad de que se tramite un proceso de exequatur en el Estado de ejecución. Los títulos ejecutivos europeos -de naturaleza judicial y extrajudicial- pueden así franquear de forma inmediata las fronteras jurídicas en el ámbito de la Unión Europea y ser objeto de ejecución forzosa en los demás Estados miembros, en las mismas condiciones que los títulos en ellos confec­cionados. El presente libro representa un estudio de esta figura jurídica desde una óptica procesal y centrada en su aplicación por y ante los tribunales y notarios españoles. Se analizan así los presupuestos de los que de pende la expedición en España de un certificado de título ejecutivo eu­ropeo y la actividad que deben llevar a cabo nuestras autoridades a tal fin. Junto a lo anterior, se aborda también el examen del modo de proceder cuando se pretenda de nuestros tribunales la ejecución de títulos ej

Colección en la que tienen cabida las obras que por el tratamiento analizado y exhaustivo de todos los aspectos del tema sobre el que versan, resultan de indudable interés y de obligada consulta tanto para el estudioso como para el simple interesado.

Es posible que durante la pendencia del proceso se produzca algún hecho o circunstancia que incida de forma relevante sobre la relación jurídica puesta en tela de juicio en el litigio y que, como consecuencia de ello, el proceso en curso deje de ser necesario, en la medida en que la tutela solicitada de los tribunales ya no sea susceptible de reportar la utilidad que inicialmente se pretendía. Se dice, en estos casos, que ha desaparecido el interés que el demandante tenía en el proceso, interés sin el cual éste no se justifica y debe concluir.Son muchas, y muy variadas, las situaciones en las que se puede entender que ha sucedido lo anterior: así, a modo de ejemplo, cuando se pierde la cosa litigiosa, siempre que no se aprecie responsabilidad en el demandado; cuando se produce la defunción de alguna de las partes, en los procesos que versan sobre derechos personalísimos y sobre el estado civil y la capacidad de las personas; cuando se celebra una transacción, conciliación o acuerdo entre las partes; y, muy especialmente, cuando tiene lugar la denominada «satisfacción extraprocesal de la pretensión», esto es, la obtención por el demandante, al margen del proceso, de un resultado idéntico al que podría esperar de la actuación de los tribunales.

Muchos y diversos han sido los temas que han despertado polémica como consecuencia de la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como no podía ser de otra forma ante la enorme trascendencia de tal norma, llamada a regular, mediante el procedimiento civil, relaciones jurídicas percibidas y vividas cotidianamente por el ciudadano. Sin duda una de las cuestiones que han suscitado mayor controversia es el objeto del estudio de la presente obra: el proceso monitorio. Ya por lo novedoso de su configuración, ya por su propia determinación de no preceptiva intervención de Abogado y Procurador en el momento de la petición inicial del procedimiento, lo cierto es que ha padecido críticas y alabanzas desde todos los ámbitos forenses. No obstante, como suele ocurrir a menudo, análisis tan apresurados de un aspecto procesal tan importante -no se olvide que es un juicio concebido para las reclamaciones de deudas dinerarias, vencidas y exigibles, de cuantía inferior a cinco millones de pesetas- han quedado en la superficie, sin ahondar en el sustrato de este nuevo proceso. Y es aquí donde cobra su auténtica valía el libro de Javier López Sánchez, primera obra dedicada en exclusiva al examen riguroso de las peculiaridades de este nuevo proceso monitorio. El trabajo se aborda en cuatro apartados, que abarcan desde su estructura y naturaleza jurídica -algo lógico e imprescindible ante una materia procesal como ésta, sin antecedentes históricos en nuestro Derecho-, pasando por el ámbito procesal, la competencia jurisdiccional y las partes -encuadrando aquí el aspecto de la postulación, ya mencionado-, para concluir con la tramitación procedimental. A destacar, finalmente, que el libro se complementa con una serie de formularios, que si tienen singular utilidad en el ámbito procesal, cobran aún mayor valía en tema tan inédito como éste del proceso monitorio.

El Derecho de la Unión Europea impregna de manera cada vez más intensa la legislación interna de los Estados miembros, también en materia de proceso civil. Al ocuparse de la cooperación internacional y de la litigacion transfronteriza, la Union Europea incide igualmente sobre la regulacion de los procesos civiles internos, que deben a menudo adaptarse o equipararse a los estandares europeos. Determinadas normas europeas, destinadas a la armonizacion de ciertos sectores del ordenamiento privado, tambien han forzado cambios en las legislaciones procesales nacionales: a menudo, el legislador europeo ha querido asegurarse de ofrecer determinadas herramientas procesales para la tutela de ciertos derechos; en otros casos, ha sido el propio Tribunal de Justicia de la UE quien ha advertido de la insuficiencia de la legislacion o de la praxis procesal nacional para dar plena efectividad a normas europeas y ha provocado, con ello, cambios legales. La tension entre la tradicional autonomia procesal y la tendencia hacia la aproximacion de legislaciones se hace asi cada vez mas patente.El presente trabajo analiza este fenomeno de progresiva armonizacion de los ordenamientos procesales civiles nacionales, poniendo el acento en sus causas y en sus diferentes actores, pero tambien en sus diversas bases competenciales, sus posi...

La introducción en nuestro ordenamiento de un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP) tiene también importantes repercusiones procesales: empresas, asociaciones y fundaciones pueden ser ya imputadas, acusadas y condenadas en procesos penales. El propósito de este trabajo es ofrecer un análisis de las especialidades que pueden suscitarse cuando el proceso penal se sigue frente a una persona jurídica -sola o en compañía de una o varias personas físicas-. Algunas de ellas han sido abordadas -con mayor o menor acierto- por el legislador, que introdujo a través de la Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal, determinadas modificaciones en la LECrim (v.gr. en relación con la competencia objetiva, la actuación en el proceso por medio de representante, la imputación formal, las medidas cautelares o la conformidad con la acusación). Respecto de otros extremos, sin embargo, el legislador no se ha pronunciado, a pesar de que, en la práctica, pueden acabar siendo muy problemáticos (y así sucede, de forma especial, con la vigencia del derecho a no autoincriminarse y con las garantías asociadas a él). Todas estas cuestiones se abordan sobre la base de un análisis crítico de la regulación vigente, de la jurisprudencia nacional y supranacional aplicable y, de forma singular, a la luz de la experiencia jurídica comparada.