Francisco García Gómez de Mercado

La actuación de la Administración, como la de cualquier persona o entidad, puede provocar daños a otras personas. Lejos quedan los tiempos de la inmunidad del Poder. Antes al contrario, los perjudicados pueden reclamar de la Administracion los daños que esta cause siempre que no esten obligados a soportarlos.El alcance de la responsabilidad de la Administracion en España es, incluso, mas amplio que en otros paises de nuestro entorno. No existen practicamente ambitos inmunes a la indemnizacion de los daños causados, y esta responsabilidad tiene caracter objetivo, esto es, no exige que se pruebe la mala fe ni siquiera la negligencia de ninguna autoridad o empleado publico.Por ello, entendemos que esta materia merecia una obra como esta, que pretende ser util tanto a quienes reclaman como frente a quienes se reclame la llamada responsabilidad patrimonial de la Administracion, con una extension contenida pero suficiente, y una perspectiva no solo teorica sino tambien practica, desde la experiencia tanto publica como privada.Junto al regimen general, la obra se ocupa especialmente de la responsabilidad extracontractual de la Administracion urbanistica y de la Administracion sanitaria, asi como de otros sectores, tales como seguridad ciudadana y centros penitenciarios, Administracion educativa, Medio ambiente, infraestructuras, materia tributaria y financiera y en materia regulatoria, asi como la responsabilidad del Estado legislador, la Administracion de Justicia y el Estado por violacion del Derecho de la Union Europea

La gente siempre se pregunta si las novelas reflejan la vida del autor, o es todo imaginación desbordante. Fuera del género de las memorias, que de todos modos muchas veces han de tener su sal y pimienta para rellenar espacios aburridos u olvidados, las novelas se suponen ficcion, y por tanto fruto de la imaginacion.Claro que es mas facil, y mejor, escribir sobre eventos que reflejen de alguna manera experiencias reales, propias o ajenas. Pero los hechos se exageran, se fantasea, los personajes reales se yuxtaponen. Por ejemplo, en un libro de una gran novelista, cuya amistad me honra, sale un personaje que es mitad yo y ¡mitad gogo de discoteca! Esa otra mitad esta inspirada en otro personaje real, y desde luego no se corresponde conmigo. Pero en la novela es un personaje creible y tiene su importancia (aunque menos de la que me hubiera gustado a mi).Por tanto, quiero aclarar desde el principio que esta novela es mezcla de realidad y fantasia, o de experiencias ajenas. No se trata de unas memorias de un Abogado (quiza llegue a ello, aunque me faltan todavia unos años y seguramente serian aburridisimas sobre todo para los ajenos al mundo del Derecho). Yo, personalmente, no me siento identificado con ninguno de los personajes, ni nadie que yo conozca de forma directa esta personificado en uno de ellos. ¿O lo digo para despistar o evitar demandas por derecho al honor?En la obra se representan, dentro de la ficcion, los primeros años del siglo, que nos condujeran a una crisis economica, politica y moral, en aspectos que tienen que ver con la profesion de Abogado, ya sea en asuntos estrictamente legales o propios del funcionamiento de los negocios o de las organizaciones publicas. No quiero, desde luego, contribuir a ese pensamiento, que creo equivocado, de que todos los politicos son corruptos y todos los Abogados sinverguenzas. Ni en los peores tiempos. Pero los hay. Haberlos haylos. Y se trata de pasar un buen rato con ellos, porque es evidente que esos personajes son mucho mas distraidos que el politico honesto, el funcionario aplicado, el Abogado leal y el empresario que respeta las reglas del juego.La obra aborda asi esa parte de la realidad donde, precisamente, nos encontramos con el politico deshonesto, el funcionario improbo (que es distinto de aquel que hace un trabajo improbo), el Abogado sinverguenza y el empresario abusivo y fraudulento. No son pues precisamente rosas lo que encontramos en el jardin de las leyes, sino mas bien el lado oscuro de la aplicacion de las leyes, la politica y la economia.Sin embargo, siempre nos queda una esperanza, porque, al mismo tiempo que el egoismo o la avaricia son males comunes, faciles de criticar desde fuera pero en los que todos, o casi todos, podemos caer si nos vemos en la situacion correspondiente, la nocion de la Justicia esta presente igualmente en todos, o casi todos, nosotros, y en ocasiones triunfa, y brota una rosa en el jardin de las leyes. O al menos queremos creer que eso ocurre o puede ocurrir.La novela, como sucede en el mundo juridico, presenta distintas perspectivas. En el ambito legal, siempre hay al menos dos partes: demandante y demandado, querellante y querellado, comprador y vendedor; asi como una tercera vision, la del Juez, que se supone imparcial. En el libro, segun los distintos capitulos, nos podemos encontrar con tres narradores. A veces nos habla un joven Abogado, otras su exnovia, tambien jurista, y, finalmente, tenemos al Cliente. El Cliente es, sin duda, un personaje fundamental para el Abogado: sin Cliente no hay Abogados, y las posibilidades de elegir al Cliente son limitadas.

El recurso de casación es un procedimiento extraordinario para encauzar la impugnación de resoluciones judiciales, que se funda en motivos tasados relativos al anterior proceso donde fueron dictadas dichas resoluciones y que decide el tribunal de casacion, normalmente el Tribunal Supremo o, en su caso, el tribunal que culmine la organizacion judicial en un ambito al que se refiere el ordenamiento juridico territorial correspondiente.Asi pues, el recurso de casacion es el recurso devolutivo extraordinario mediante el cual se pide la anulacion de resoluciones definitivas (fundamentalmente Sentencias, pero tambien ciertos Autos) por la incorrecta aplicacion de las leyes, ya sea en el fondo (error in iudicando) o en el procedimiento (error in procedendo).La casacion supone la existencia de un Tribunal Supremo, unico en su genero y con Jurisdiccion en todo el territorio nacional (como establece el art. 123 CE) al cual se le atribuye en principio su conocimiento, conforme a la LOPJ, de 1 julio 1985 (arts. 56.1). No es aqui aplicable la competencia de los Tribunales Superiores de Justicia, en via civil, por infraccion de normas del Derecho civil foral propio de la Comunidad (art. 73.1 LOPJ), pero si la del control de las normas autonomicas en el orden contencioso-administrativo.El recurso de casacion es, como veremos, un recurso extraordinario, por motivos tasados, que, ademas, no se extiende a todas las resoluciones de los tribunales inferiores, sino que queda sujeto a importantes limitaciones.Por supuesto, no todos los asuntos pueden llegar al Tribunal Supremo, el volumen de trabajo seria inasumible y daria lugar a demoras extraordinarias o bien a sobredimensionar el organo mas alla de lo que parece adecuado a su alta funcion y a la deseable elevada preparacion de sus miembros. Estas limitaciones son, ademas, en principio, constitucionalmente admisibles, pues segun la doctrina del Tribunal Constitucional, aunque el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE implica no solo el derecho al proceso en primera instancia sino tambien a los recursos establecidos en la Ley, sin embargo, al no existir norma o principio constitucional que obligue a la existencia de una doble instancia o de unos determinados recursos, es evidente que, en abstracto, es posible la inexistencia de recursos o condicionar los previstos al cumplimiento de determinados requisitos, siempre que sean justificados y proporcionados.

Encuadernación: Rústica plastificada y cubierta azul. Edición de 1997. La presente obra, desde la perspectiva del Derecho procesal administrativo, examina las distintas cuestiones que plantea la impugnacion de los acuerdos de los Jurados de Expropiacion sobre el justo precio de los bienes y derechos expropiados. Debido a que en esta materia es frecuente que ambas partes impugnen el acuerdo sobre el justiprecio (la que ha de pagarlo y la que tiene derecho a cobrarlo), ofrecen particular interes los problemas derivados de la impugnacion cruzada de dicho acuerdo (como la acumulacion y la cosa juzgada), sin olvidar otras cuestiones, como las relativas a la legitimacion, la inactividad administrativa, la prueba, la congruencia de la sentencia y su ejecucion.

La presente obra se centra en el régimen general de la potestad sancionadora, pero, como hemos advertido, son muchas las leyes que contienen o previenen infracciones y sanciones administrativas. No es posible un completo estudio de todas ellas, si bien, junto a los principios y normas generales, haremos una referencia a distintos supuestos de sanciones, sean de las llamadas de autotutela, en las que la Administración protege su orden interno, caso del régimen disciplinario de personas especialmente relacionadas con la Administración, como también de las infracciones y sanciones tributarias y de la tutela sancionadora del dominio público, o sean sanciones de protección del orden general, que, a su vez, pueden ser de muy diversas clases, p.ej. en materia seguridad, medio ambiente y urbanismo, orden social, Derecho administrativo económico y materias financieras y mercantiles. Finalmente, como anexos, se recoge la legislación general que sobre la potestad sancionadora se ha dictado por el Estado y las Comunidades Autónomas, sin ánimo, no obstante, de exhaustividad, ni, desde luego, de entrar en la regulación específica de los distintos regímenes sancionadores.

Como su propio nombre indica, la presente obra trata del precio que debe abonarse en la expropiación forzosa al expropiado, por la pérdida de los bienes o derechos afectados por aquélla, precio que ha de ser justo. Nos interesa esclarecer los distintos problemas y cuestiones que la valoración y el pago de este" "justiprecio" plantean. Y, en relación con su valoración, han de examinarse tanto los aspectos expropiatorios como los urbanísticos, no sólo por la importancia, cuantitativa y cualitativa, de que gozan, en la actualidad, las expropiaciones urbanísticas, fundadas en la legislación de ese carácter, sino porque, como se verá, la valoración del suelo expropiado debe hacerse siempre con arreglo a normas de la legislación urbanística. Por ello, no se trata tanto de estudiar las expropiaciones ordinarias, por un lado, y las urbanísticas o sus especialidades, por otro, sino de examinar, además de las normas de la legislación expropiatoria, los distintos aspectos urbanísticos de interés, sean de aplicación general a todas las expropiaciones de terrenos o especial para las expropiaciones motivadas por la legislación y planeamiento urbanísticos.

Según el artículo 33.3 de la Constitución española, "nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes". En el libro se estudia el otro aspecto fundamental de la expropiación (aparte de que se pague el justo precio), cual es la justificación en una causa de utilidad pública o de interés social y la posible reversión de los bienes o derechos expropiados si tal causa de utilidad pública o interés social se frustra o no se llega a cumplir, comenzando, como base de lo que luego se dirá, por el concepto y regulación de la expropiación forzosa, su naturaleza y fundamento, y sus elementos. Examina el presupuesto de toda expropiación forzosa, cual es la existencia de un interés público, legal y constitucionalmente calificado como causa de utilidad pública o interés social (dualidad que, como veremos, no representa, realmente, una diferenciación de régimen jurídico).

En las páginas que lo componen el autor va a examinar, como dice el propio título de este libro, el alcance actual del control judicial de la actividad de la Administración, lo que supone, como resulta del subtítulo, el estudio del ámbito, el objeto y la eficacia del llamado recurso contencioso-administrativo, sin entrar, sin embargo, en el procedimiento a seguir para la sustanciación del mismo. Se trata de ver cuándo y en qué condiciones podemos acudir a dicha acción judicial para la tutela de los derechos o intereses legítimos que puedan resultar afectados por la actividad administrativa, y qué podemos obtener del ejercicio de esta acción, dejando para otro tiempo y lugar el estudio y seguimiento del procedimiento que pueda instarse a la luz de las valoraciones que previamente se hayan podido realizar sobre la oportunidad y conveniencia de hacerlo.

La obra que el lector tiene en sus manos no se ha concebido, como a menudo sucede en materia de contratación pública, como un comentario artículo por artículo de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, lo cual, al menos en ocasiones, conduce a un examen asistemático e inconexo de las cuestiones que suscita la aplicación de las leyes. No vamos a negar la utilidad y conveniencia de contar con tales obras, así como, en algunos casos, el elevado bagaje teórico, junto al eminentemente carácter práctico, común a todas ellas. Pero, en realidad, acercarse a la contratación pública a través de tales comentarios lleva a esa situación que gráficamente se define como aquella en que los árboles no dejan ver el bosque. El Derecho, en general, y el Derecho de la contratación y las obligaciones de contenido patrimonial de las Administración Públicas, en particular, exige, la mayoría de las veces, un conocimiento sistemático, de conjunto, una visión del bosque, y no sólo de los árboles, visión de conjunto que es la que diferencia realmente la aproximación del jurista respecto de la opinión del técnico de determinada materia, que puede conocer a la perfección, e incluso conocer las normas que la gobiernan, pero no tanto ese conjunto complejo que es el ordenamiento jurídico; y también, especialmente por lo que aquí interesa, la que diferencia la opinión del jurista iuspublicista del jurista no especializado en Derecho público y que enfrenta, más frecuentemente de lo que en principio cabría pensar, problemas de Derecho público.

Como su propio nombre indica, la presente obra trata del precio que debe abonarse en la expropiación forzosa al expropiado por pérdidade los bienes o derechos afectados por aquella, con especial consideración de las normas de valoración de la legislación urbanística. Así, se trata del procedimiento de valoración, con intervención del Jurado de Expropiación o acuerdo entre los interesados, de los criterios y normas de valoración e indemnización, del pago y consignación del justiprecio, los intereses de demora, la retasación, el tratamiento fiscal del justiprecio y el justiprecio de la reversión.

Como su propio nombre indica, la presente obra trata del precio que debe abonarse en la expropiación forzosa al expropiado por pérdida de los bienes o derechos afectados por aquella, con especial consideración de las normas de valoración de la legislación urbanística. Así, se trata del procedimiento de valoración, con intervención del Jurado de Expropiación o acuerdo entre los interesados, de los criterios y normas de valoración e indemnización, del pago y consignación del justiprecio, los intereses de demora, la retasación, el tratamiento fiscal del justiprecio y el justiprecio de la reversión.