J. Meseguer Yebra

Elaborar una norma no es fabricar un objeto, sino preparar un mensaje cuyo destinatario es el ciudadano. Las normas de estilo como las de construcción normativa, contribuyen a mejorar la calidad de las futuras normas y están dotadas de una trascendencia más allá de lo meramente formal o "estético", pues persiguen, en la esfera de la elaboración normativa, hacer efectivo el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 de nuestra Constitución, garantizando la certeza del ordenamiento, como ha tenido ocasión de manifestar el Tribunal Constitucional. Con este propósito, del que se hacen eco un buen número de directrices de técnica normativa, se presenta esta obra como síntesis de las aportaciones institucionales (Consejo de Estado y Consejos consultivos), de las directrices de técnica normativa comparada, estatales y autonómicas, y de la jurisprudencia y doctrina en esta materia, todo ello ilustrado con un importante número de ejemplos de buenas y malas prácticas.

Tanto el Consejo de Estado como las instituciones que, a nivel autonómico, ejercen funciones equivalentes, desempeñan un papel trascendental y único en la conformación de la voluntad de la administración en determinados procedimientos administrativos. Su doctrina goza de un importante peso específico, reconocido por los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa que, en sus sentencias, confirman el valor de sus dictados, al considerarlos un criterio experto y privilegiado. La presente obra ofrece una cuidada selección de extractos de dictámenes y memorias emitidos por estos órganos, en materia de revisión de actos y disposiciones administrativas de carácter general nulos de pleno derecho, en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2010. En total, son 440 documentos escogidos por su acierto y claridad, y por pronunciarse, en un buen número de casos, sobre las cuestiones más controvertidas relacionadas con este procedimiento y con la categoría de la nulidad de pleno derecho. La exposición de esta selección extractada, va precedida por un breve comentario del autor que recoge de forma resumida la posición mayoritaria de la doctrina de los órganos consultivos en relación con cada uno de los temas de estudio. Se convierte así, esta obra, en consulta obligada para todo profesional del Derecho que busque profundizar en el conocimiento de esta particular vía de revisión en sede administrativa, facilitando de forma ordenada y sistematizada el acceso a la doctrina de estos órganos consultivos.

La presente obra surge de la experiencia, del análisis y de la necesidad que se aprecia en la práctica administrativa de elaborar una serie de pautas para el empleo de las fórmulas tipificadas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: desconcentración, delegación de competencias, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia. La significativa y abrumadora frecuencia con la que la Administración acude a estas figuras para modular sus propias competencias, y su más aún llamativo empleo viciado evidencia el profundo desconocimiento que existe en este campo, un dato que contrasta, sin embargo, con su empleo desproporcionado en los últimos años. Esta misma conclusión es la que nos ha llevado a la elaboración de este manual, a modo de guía de corrección y estilo, y con el fin de ofrecer algunas directrices claras y prácticas para un uso adecuado de estas técnicas por parte de cualquier órgano administrativo. Para la elaboración de esta obra se han analizado cientos de disposiciones y resoluciones procedentes de las Administraciones estatal, autonómica y local, reguladoras de cada una de estas figuras o dictadas en aplicación de las mismas. Se incluyen citas con la referencia del boletín o diario oficial en el que se encuentran publicadas, tanto el número como fecha, para facilitar su localización, así como una propuesta de normalización, con ejemplos concretos y reales de prácticas defectuosas. La obra se completa con una segunda parte que incluye un extracto de la normativa estatal y autonómica vigente en la materia y una recopilación de la jurisprudencia más significativa, que ilustra sobre la solución judicial de los conflictos en este ámbito.

La presente Serie Administrativa analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos peculiares en la tramitación de los diferentes procedimientos, facilitando, además, el material necesario para el ejercicio profesional: legislación, jurisprudencia, bibliografía, esquemas del procedimiento y formularios habituales. Como cualquier acción, el procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas está sometido a requisitos formales y de orden temporal, requisitos cuyo estudio es trascendental cuando de su observancia depende el éxito o no de nuestras pretensiones. El plazo de un año al que alude la Ley 30/1992 es de importancia vital ya que, al igual que las lesiones irrogadas por la actividad administrativa pueden tener diferente origen, consecuencias y duración en el tiempo, el "dies a quo", el momento inicial para computar este plazo puede padecer diversas vicisitudes. Tengamos en cuenta que, al tratarse de un plazo de prescripción, es susceptible de interrupción. A esto se añade la dificultad propia de computar este plazo cuando los daños tienen un carácter permanente o duradero, o cuando se han causado daños de carácter físico o psíquico y no es posible determinar los perjuicios, sino desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. El segundo objeto de estudio en la presente obra es la determinación de la cuantía indemnizatoria, su actualización con la aplicación del IPC, y el devengo de los intereses de demora previstos en la legislación presupuestaria. Analizaremos los distintos conceptos que integran el "quantum" indemnizatorio, la valoración de los daños materiales y los morales (praetium doloris), el lucro cesante, las fórmulas alternativas de indemnización como el pago en especie, y la compensación y modulación de la cuantía indemnizatoria en diferentes supuestos, todo ello a la luz de la más reciente y significativa jurisprudencia.

La presente colección de procedimientos administrativos analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos peculiares en la tramitación de los diferentes procedimientos, facilitando, además, el material necesario para el ejercicio profesional: legislación, jurisprudencia, bibliografía, esquema procedimental y formularios habituales. Hoy más que nunca resulta patente la progresiva expansión de la actividad pública en los diversos sectores de la vida cotidiana. Las facultades de supervisión, control o autorización de las Administraciones Públicas, por citar algunas, se han multiplicado de tal forma que es difícil imaginar parcela en la que el ser humano desarrolle alguna actividad donde no esté presente el poder público ejercitando alguna de sus prerrogativas. Tal es así que éste, en el desarrollo y gestión de los servicios públicos puede producir daños o lesiones a los particulares en sus bienes y derechos cuya responsabilidad y cobertura debe asumir. En la presente obra, se plantean las líneas básicas del procedimiento administrativo para la exigencia de esta responsabilidad, analizando detenidamente el presupuesto cuyo concurso es inexcusable para el nacimiento de la obligación resarcitoria, el nexo causal, abordando además entre otros temas, la fuerza mayor, la concurrencia de culpas, la intervención de la víctima o un tercero y la responsabilidad sanitaria.