Juan Cruz Alli Turrillas

ADAPTADO A: - Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Sueños Contaminados. - Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. - Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. - Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el reglamento (CE) nº761/2001 y las decisiones 2001/681/ce/ y 2006/193/ce de la comisión. - Real Decreto 234/2013, de 5 de abril, por el que se establecen normas para la aplicación del Reglamento (CE) nº66/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la Unión Europea. - Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. - Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. - Última jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en materia de protección del medioambiente.

ADAPTADO A: — Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/ 2003, de 21 de noviembre, de Montes. — Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995

La biodiversidad, entendida como el conjunto de elementos vivos que forman la variedad natural de la tierra y que, por lo tanto, conforma su riqueza biológica, se ha convertido en el principal parámetro de evaluacion medioambiental. Tanto es asi que puede decirse que, en gran medida, el resto de politicas, instrumentos y acciones ambientales sobre los ecosistemas (agua, aire, tierra), tienen como testigo de su eficacia precisamente el estado ecologico de especies y de espacios naturales. Este libro pretende mostrar cuales son los fundamentos eticos y, sobre todo, juridicos sobre los que se sustenta esta proteccion, analizar cuales son los principales instrumentos legales y administrativos que existen en nuestro ordenamiento y evaluar, por ultimo, como funcionan y cuales son sus puntos fuertes y debiles. A tal fin, se abordan en primer lugar los principios generales del Derecho ambiental y se recorre a continuacion la regulacion juridica de la proteccion de espacios y de especies en sus distintas vertientes (instituciones e instrumentos administrativos, penales, responsabilidad, etc.). Todo ello se aborda desde la perspectiva juridico- administrativa de la proteccion del patrimonio natural y la biodiversidad en la regulacion internacional, de la proveniente de la Union Europea y especialmente las normas nacionales, estatales y autonomicas. Finalmente, se dedica un capitulo a la proteccion internacional de los polos como reservas naturales globales.

ADAPTADO A:— Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.— Estrategia Española de Economia Circular España Circular 2030, aprobada por el Consejo de Ministros de 2 de junio de 2020.— Comunicacion de la Comision Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aqui a 2030. Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas, de 20 de mayo de 2020 [COM(2020), 380 final].— Comunicacion de la Comision El Pacto Verde Europeo, de 11 de diciembre de 2019 [COM(2019), 640 final].— Real Decreto 958/2018, de 27 de julio, por el que se crea y regula la Comision Interministerial para el Cambio Climatico y la Transicion Energetica.— Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura organica basica del Ministerio para la Transicion Ecologica y el Reto Demografico.— Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura organica basica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.— Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas.— Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental, la Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley de Montes, y la Ley 1/2005, por la que se regula el regimen de comercio de derechos de emision de gases de efecto invernadero.— Sentencias relevantes de los tribunales europeos y nacionales en materia de medio ambiente hasta agosto de 2020: Tribunal de Justicia de la Union Europea; Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Tribunal Constitucional; Tribunal Supremo y demas organos judiciales.

Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. Estrategia Española de

Siempre ha existido una intensa relación #no exenta de cierta tensión#- entre el Derecho administrativo y las fundaciones. Dado que durante el siglo XIX se construyeron conceptual y jurídicamente ambos sistemas: las fundaciones como participacion privada en tal consecucion, y la Administracion publica #y el Derecho administrativo# como una cierta monopolizacion de tal fin (el servicio publico), asi como con un papel de supervisor de la vida institucional y juridica. Por tal razon, la fundacion, institucion peculiar dentro de Derecho civil, es unicamente autorizada por el poder publico en cuanto cumple tal fin de interes general. En este libro se examina como la vinculacion entre publico y privado no es algo extrinseco o añadido, debido al fin que cumple la fundacion o, menos aun, en una necesidad de fiscalizacion institucional, sino que es consustancial a la esencia propia de la fundacion. Y, asi, su ser ha de entenderse no tanto bajo el prisma de la concurrencia colaborativa en el logro del interes general, cuanto en que tal iniciativa privada con aceptacion publica, se inserta en toda la estructura estatica y dinamica de la fundacion: fin, patrimonio, y sujetos; nacimiento-negocio fundacional, vida y extincion-liquidacion, respectivamente. Esto no quiere decir que las fundaciones sean entes administrativos, pero si obliga a una profunda revision de su identidad y, con ella, de la proteccion juridica del patrimonio y la responsabilidad de sus organos directivos, verdaderos valedores privados de interes general; situacion que exige re-visitar su negocio, operaciones y extincion. Por todo lo cual, tampoco es facil admitir, juridicamente, su utilizacion por parte de los poderes publicos, dado que, conceptualmente, desnaturaliza la esencia de ambos conjuntos juridicos. Y es que la fundacion es, a decir de Garrido Falla, una institucion que seguramente autoriza a una revision de las categorias juridicas generales.