Juan Gil Plana

La entrada en vigor de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ha supuesto un nuevo escenario legal al que no pueden sustraerse los demás órdenes jurisdiccionales y las normas procesales y procedimentales. Efectivamente, la norma rituaria laboral y el proceso laboral han visto como, necesariamente, han de adecuarse a la novísima regulación procesal civil.La regulación de la prueba en el proceso laboral ha sido y es muy escueta, consecuencia de ello, en muchas ocasiones, se ha acudido a la norma procesal civil con el fin de suplir las deficiencias e insuficiencias que presentaba y presenta aquella regulación. Sin embargo, dado el claro antagonismo de los principios que informaban uno y otro procedimiento en ambas manifestaciones del proceso esa llamada a la norma procesal civil devenía inútil, resultando muchas veces inaplicable los preceptos civiles en el proceso laboral. Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil aquél antagonismo, a simple vista, se ha reducido al abrazar la norma procesal civil los principios que presiden el procedimiento del proceso laboral; sin embargo, en la institución de la prueba, como puede ocurrir en otras instituciones procesales, ese acercamiento es más aparente que real, ya que la regulación civil de la prueba esta ideada y configurada para el proceso ordinario, el cual, y a diferencia del juicio laboral, presenta una importante quiebra en lo que a la configuración del principio de concentración se refiere, haciendo inaplicable en el procedimiento laboral varias de las previsiones contenidas en la regulación civil. Además, en otros supuestos, la inaplicabilidad de la nueva regulación civil de la prueba deviene de la constatación de que la regulación civil no responde, pues no tenía porqué al serle totalmente ajena, a la idea-fuerza que preside el proceso laboral que no es otra que la tutela equilibradora de una de las partes de la relación procesal, el trabajador o beneficiario, que se encuentra en una situación de inferioridad jurídico-económica frente a la otra, el empresario o la Administración.Al analizar la regulación de la prueba en el proceso laboral, normalmente, la doctrina se ha centrado en la atención de l

Nadie duda del reproche de antijuridicidad que se haya implícito en una decisión empresarial de extinguir el contrato de trabajo de una mujer cuando viene motivada en el hecho biológico del embarazo de esta. Admitir la licitud de este tipo de decisiones empresariales supondria una brecha insuperable entre el hombre y la mujer, entre otros ambitos, en el laboral. La proteccion otorgada por el ordenamiento juridico a las trabajadoras frente a decisiones empresariales extintivas de su vinculo juridico-laboral basadas en su embarazo ha sido objeto de un interesante debate en la doctrina cientifica, debate que ha saltado a la jurisdiccion laboral, como queda reflejado en la disparidad interpretativa advertida en la doctrina judicialy en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Controversia juridica que parece haberse cerrado con la intervencion del Tribunal Constitucional mientras no se produzcan cambios legislativos o se promueva una cuestion prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Union Europea. Se ofrece en esta obra una exposicion critica de la problematica de la configuracion de la nulidad del despido de una trabajadora embarazada.

Trata la obra de la institución procesal de la Presunción Jurídica, uno de los mecanismos de fijación de certeza de hechos, con la finalidad de contribuir al debate doctrinal generado tras su novedosa regulación por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y, en concreto, el que gira en torno a su aplicación efectiva en el ordenamiento laboral. El estudio se estructura en varios capítulos en los que, sucesivamente, y sobre la base de la doctrina científica (procesalista y laboralista), doctrina judicial, jurisprudencia y doctrina constitucional, se plantean aquellas cuestiones más polémicas al respecto, se describen las distintas concepciones y se adoptan los criterios que permiten explicar con mayor rigor técnicojurídico esta institución en el ámbito del Derecho del Trabajo. Atendiendo a los elementos configuradores de la presunción se discute sobre la existencia de la denominada presunción legal "irus et de iure" y la relación entre ésta y la prueba y se analizan algunos de los más importantes supuestos que nos ofrecen las normas laborales (sustantivas y procesales) y de Seguridad Social.

La prueba en tanto actividad procesal emerge como la actividad fundamental para que la verdad material acabe siendo la verdad formalmente reflejada en la resolución judicial, de suerte que se podrá tener razón material para sostener una pretensión judicial o para oponerse a ella, pero si no contamos con pruebas que logren convencer al órgano judicial de nuestro relato fáctico difícilmente podrá prosperar nuestra pretensión o nuestra oposición. Este estudio ofrece una visión de la regulación de la prueba laboral sobre tres ejes principales.El primero, desde la estructura interna de la norma procesal, que viene marcado por la falta de sistematicidad que se aprecia al regular la prueba laboral.El segundo, desde el plano de la interacción con otras normas procesales, que viene singularizado por la existencia de dos técnicas de incidencia, la supletoriedad y la complementariedad. El tercero, desde el prisma temporal, que se concreta en una evolución legislativa no rupturista entre los sucesivos textos promulgados.ÍNDICE.Capítulo I. EL PROCESO LABORAL.I. Plenitud legislativa. II. Incidencia de otras normas procesales. III. Ausencia de una visión global de sus deficiencias.Capítulo II. LA CARACTERIZACIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA PRUEBA. I. Dispersión y asistenmaticidad. II. Mínima regulación y aplicación de otras normas. III. Evolución no ropturista.Bibliografía