Juan Ignacio Moreno Fernández

Existe un principio general de responsabilidad extracontractual de los Estados que les obliga a reparar los daños causados a los ciudadanos como consecuencia de su indebida o ilícita actuación, del que no está excluido el Poder Legislativo, cuando incumple las obligaciones que le impone la Constitución o el Derecho comunitario. La ausencia o la indebida actuación del Estado a través de su Poder Legislativo debe provocar también, de forma general, el correlativo derecho de los ciudadanos afectados a obtener la correspondiente reparación. El presente trabajo no sólo estudia exhaustivamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, a los efectos de concretar las consecuencias que para el ciudadano tiene tanto la declaración de inconstitucionalidad como de contradicción con el Derecho comunitario de una norma legal, sino que analiza de forma detallada cada una de las vías de recurso que el ordenamiento jurídico español pone a su disposición a tal fin: la acción de responsabilidad patrimonial, la revisión de actos nulos, la revocación de actos, la devolución de ingresos indebidos, el recurso de reposición, la reclamación económico-administrativa, el recurso contencioso-administrativo, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la acción de responsabilidad ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

La presente monografía ofrece un análisis de la situación actual de la materia desde una triple perspectiva: análisis de la vinculación, estudio del procedimiento administrativo de valoración y la figura de los acuerdos previos de valoración. Para ello se acude a la normativa legal y reglamentaria reguladora del Impuesto de Sociedades con las novedades introducidas hasta el año 2003, pero sin descuidar las diferencias contenidas tanto en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre la Renta de los no Residentes como en las regulaciones forales del País Vasco y Navarra.

      La presente obra se dirige, principalmente, a demostrar y argumentar el pleno sometimiento del actuar administrativo al orden constitucional, como máximo exponente del principio de seguridad ju