Cada vez más, los tributos representan un dato clave para la adopción de decisiones económicas. Los contribuyentes, además, vienen obligados a aplicar ellos mismos las normas tributarias, con riesgo de ser sancionados si no lo hacen correctamente. Pero estas normas sufren, quizá en mayor medida que ninguna otra, del gran mal de los ordenamientos jurídicos modernos: se producen a velocidad vertiginosa, son asistemáticas, están dispersas en una maraña de disposiciones y presentan una redacción imposible. En ese contexto, el establecimiento de mecanismos fiables y eficaces de información a los contribuyentes se convierte en un elemento indispensable para compensar el deterioro de la seguridad jurídica que se asocia a esos fenómenos. En este libro se analizan críticamente los instrumentos informativos de que se ha dotado nuestro ordenamiento tributario y los problemas que plantean: las razones de la vinculación (en las consultas vinculantes) y los requisitos y límites de aquélla; el porqué de la ausencia de vinculación en el resto de instrumentos (v. gr. consultas no vinculantes, información sobre el valor de inmuebles) y sus efectos, en particular, la exención de responsabilidad, etc. El trabajo se dirige fundamentalmente a los profesionales jurídicos, y particularmente de aquellos que se dedican al ámbito tributario, que se enfrentan a diario con los problemas estudiados.
Encuadernado en rústica semirrígida plastificada. Edición de 1998. El libro aborda, y desde una perspectiva jurídico-constitucional, la siguiente cuestión: la atribución a los entes locales de las competencias administrativas para la aplicacion de sus tributos propios. Se afronta, en primer lugar, la pregunta de si dicha atribucion constituye, y en que medida, una exigencia de la autonomia constitucionalmente garantizada a dichos entes (al menos a algunos de ellos: Municipio, Provincia, Isla). Y, en segundo lugar, la relativa al legislador (estatal o autonomico), al que compete realizar dicha atribucion, cuestion directamente relacionada con la del reparto de las competencias legislativas entre Estado y Comunidades Autonomas sobre la Hacienda local, y que por ello se hace tambien preciso resolver.