Leonor Rams Ramos

Exhaustivo análisis de su desarrollo legislativo, efectuado por el artículo 37 del Régimen jurídico de las Administraciones públicas y procedimiento administrativo común, además de un pormenorizado analisis de la normativa aplicable, de las discusiones doctrinales generadas y un completo estudio critico de las respuestas normativas y jurisprudenciales, que se han producido aplicando este derecho.La presente monografia analiza el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos partiendo de su reconocimiento por la Constitucion Española de 1978 hito sin precedentes en nuestro pais y en su entorno , y lleva a cabo un exhaustivo analisis de su desarrollo legislativo, efectuado por el articulo 37 del Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Comun. La obra proporciona un pormenorizado analisis de la normativa aplicable, de las discusiones doctrinales generadas y contiene un completo estudio critico de las respuestas normativas y jurisprudenciales que se han producido en la aplicacion de este derecho. . Aporta una vision de conjunto de las facultades que integran el derecho y de su articulacion juridica, proponiendo soluciones interpretativas que permiten un mejor conocimiento y ejercicio de este derecho subjetivo de capital importancia para controlar la actuacion de las Administraciones Publicas y, en muchas ocasiones, como coadyuvante a la tutela de los derechos subjetivos de los ciudadanos. Todo ello, sin perder de vista las soluciones que el Derecho comparado aporta y los avances que, en este campo, se han ido produciendo en la Union Europea. Este trabajo interesa a los estudiosos del Derecho en general y sus destinatarios son, basicamente, los profesionales del Derecho administrativo profesores, jueces y abogados , sin excluir a cuantos juristas se ocupan de la defensa de los derechos de los ciudadanos.

El derecho de acceso a la documentación pública se ha convertido, en una época como la actual ?en la que la intervención administrativa ha llegado a prácticamente todos los espacios ciudadanos?, en un elemento esencial de los Estados democráticos, pues solo a través de su efectivo reconocimiento se puede conocer y, lo que es más importante, controlar la actuación de los representantes públicos y de las administraciones públicas que dirigen. Aunque la Constitución Española de 1978 ya reconoció este derecho, convirtiendo a nuestro país en pionero en esta cuestión, lamentablemente su regulación efectiva ha sido tardía, escasa e insatisfactoria, lo que ha hecho del ejercicio del derecho una verdadera carrera de obstáculos, con unos límites y requisitos mucho más extensos que los previstos inicialmente en la Constitución y que acaban por imposibilitar el acceso a la mayoría de documentos recogidos en los archivos administrativos.