MARIA PIA CALDERON CUADRADO

El 14 de enero de 2009, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre la situación de los derechos fundamentales en el ámbito de la Unión. En ella se advierte sobre la apremiante necesidad de promoción y protección eficaz de los mismos y ello por cuanto son el fundamento de la democracia en Europa y representan condiciones esenciales para la consolidación del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. Prácticamente un año antes se había proclamado, de forma solemne y por segunda vez, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Dicho texto, que todavía no ha adquirido eficacia jurídica vinculante y que, sin embargo, sí ha sido recogido por nuestro país en la LO 1/2008, de 30 de julio, ha sido objeto de numerosos estudios. Con todo y aunque algunos de ellos son de gran calidad, es un hecho cierto que sigue sugiriendo incógnitas y que las mismas se incrementan al ponerse en relación con sus rúbricas concretas. Tal vez una de las más silenciadas sea la relativa a la Justicia donde precisamente se recogen los tradicionales y nada irrelevantes derechos del justiciable. Ni que decir tiene que los mismos se refieren tanto al acceso a los tribunales, como a la condición de parte en un proceso a desarrollar ante sus titulares y, por supuesto, a las que serían sus garantías esenciales. Esta obra camina en la dirección requerida por las instancias comunitarias y lo hace centrando su atención en esos derechos fundamentales de naturaleza procesal que son, en realidad, los que, en tanto en cuanto posibilitan su efectiva aplicación, dan vida a los demás derechos, fundamentales o no. Desde luego, es aspiración común de todos los autores que los trabajos aquí recogidos se conviertan en instrumento útil para la mayor visualización de aquellos derechos y además y sobre todo para su mejor conocimiento y aplicación. Para ello, el libro se estructura, como la propia Unión, sobre la base de tres pilares. Tres pilares que descienden desde lo general a lo particular y que, por esa razón, permiten realizar un análisis preciso, práctico y comparado d

Tras los Dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la casación penal española y el eventual incumplimiento de los postulados del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.5), la segunda instancia se ha convertido en tema de indudable actualidad. Tan es así que se ha previsto su generalización a todos los procesos en materia criminal. La presente obra pretende ofrecer un panorama completo de dicha institución, de su significación teórica, de su vigente regulación y de su interpretación jurisprudencial a la luz de los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de los órganos jurisdiccionales ordinarios. En ella se da cumplida cuenta de todas las novedades y futuras reformas sin eludir la crítica, cuando es necesaria, y sin rehuir el planteamiento de posibles soluciones. Se trata, en definitiva, de una monografía dirigida tanto a los estudiosos del proceso penal como a los distintos profesionales que intervienen en éste ámbito jurídico y que quieren conocer la praxis del doble grado y del recurso de apelación que lo introduce.

9ª Edición de la ley de enjuiciamiento civil.

La lectura de la rúbrica correspondiente al Capítulo X, Título IV, Libro I del Código Civil, 'De las medidas provisionales por demanda de nulidad, separación y divorcio', hace suponer que el contenido del mismo no es sino la regulación de una serie de medidas, disposiciones o prevenciones, que se adoptan por el órgano jurisdiccional como consecuencia de un proceso de objeto matrimonial y cuya característica común es la provisionalidad. Algo similar se deduce también de la nueva normativa procesal civil. Sus artículos 771 y 773 vienen títulados como 'medidas provisionales', en el primero 'previas a la demanda de nulidad, separación o divorcio', en el segundo derivadas de su admisión.