Miguel Angel Torres Morato

Hace ya tiempo que está consolidada la idea de que los juicios se ganan o se pierden por las pruebas. Y en efecto, alegación y prueba, son los dos elementos clave con los que las partes procesales ejercen su derecho de defensa en relacion a las pretension

La Prueba Ilícita Penal, ofrece un minucioso y crítico examen de las modalidades probatorias que se emplean cotidianamente en la práctica forense, complementando así, el escueto panorama de la vieja LECrim, que sólo contiene siete clases de prueba, al ofrecer una treintena de medios de prueba, algunos tan actuales como el documento electrónico, las intervenciones de las comunicaciones electrónicas, el scanner para detectar conversaciones a través de móviles, el reconocimiento antropométrico -retratos robot- por la voz o las exploraciones corporales, como el ADN o la extracción coactiva de sangre, o la cada vez más interesante problemática del testimonio de quienes están amparados por el secreto profesional (abogados o sacerdotes). En particular, y como novedades, se introduce el tratamiento procesal de la prueba ilícita en los diversos procesos penales; las últimas y contradictorias resoluciones sobre la conexión de antijuricidad; la nueva doctrina constitucional sobre la prueba del coimputado; tres nuevas clases de testifical (la del letrado, los enfermos y la problemática de las personas amparadas por el secreto profesional); una nueva modalidad de registro de objetos cerrados (las taquillas); la intervención de las comunicaciones electrónicas y un tratamiento más extenso del documento electrónico; la mejora del examen de la prueba documental, con una especial consideración de los documentos a efectos casacionales; y la prueba a través de videoconferencia.