Miriam Cueto Pérez

Desde hace unos años el creciente ejercicio por parte de los particulares de funciones públicas es un hecho incontestable, al igual que es incontestable la importante problemática jurídica que ha generado especialmente en relación con la protección jurídica de los sujetos privados que son destinatarios de esa actividad. Existe una necesidad, cada vez más evidente, de someter dicha actuación a las mismas garantías procedimentales que existen en las relaciones jurídicas entre la Administración y el ciudadano, y ello ha llevado a una vis expansiva del Derecho Administrativo. En este trabajo se abordan distintos supuestos en los que la actividad administrativa puede ser desarrollada por sujetos privados, que se encuentran en diferentes posiciones jurídicas en relación con la Administración, desde aquellos que se integran en el propio sector público (sociedades mercantiles públicas y fundaciones públicas), pasando por los supuestos en los que existe una relación contractual con la Administración (concesionarios y contratistas de servicios públicos) o una atribución de funciones públicas.

Analiza y reflexiona sobre los cambios producidos en los últimos años en el Sistema Universitario Español, así como valorar las propuestas de reforma que se han planteado y han sido objeto de debate en estos momentos. El marco jurídico condiciona cualquier planteamiento de reforma y por ello debe ser objeto de valoración. La configuración y la estructura de las Universidades, su gobierno, su financiación, la oferta de titulaciones y el régimen jurídico de su profesorado son cuestiones claves en las reformas del sistema, sin olvidar a los estudiantes a los que se dirigen las enseñanzas, afectados en los últimos tiempos por la reducción de las becas y ayudas, la subida de los precios públicos y una falta de ajuste entre los contenidos de las enseñanzas y las demandas del mercado laboral