Ricardo Rivero Ortega

Las universidades han superado en el pasado circunstancias muy difíciles: guerras, desastres, crisis económicas e incluso otras pandemias. El recuerdo de la historia es suficiente para acreditar su

Mejora regulatoria para la creación de pymes en castilla y león. Reformas en materia de administración electrónica aplicada a reducción de cargas adminsitrativas para la mejora de rendiento de la spumes: necesidad del tratamiento global de la descarga burocratica y la administracion electronica....

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Análisis sobre las futuras e inevitables reformas que van a aplicarse sobre las administraciones públicas.

Muchos cambios en el régimen de la intervención pública sobre la economía se han precipitado durante el último lustro de crisis. Un significativo añadido constitucional (el nuevo tenor del artículo 135, dedicado a la estabilidad presupuestaria), multitud de decretos-leyes y varias leyes de gran relevancia. Reformas del sector financiero, el comercio, los transportes y la energia, por citar solo algunas, mas un sinfin de medidas administrativas y pronunciamientos jurisprudenciales a tener en cuenta en nuestro analisis.La recesion ha puesto a prueba las clasicas tecnicas de policia, fomento y servicio publico, evidenciando fallos pasados por alto durante la anterior decada de crecimiento del PIB español. Practicas no cuestionadas en periodo de bonanza se consideran hoy aborrecibles, cuando finalmente calibramos el coste de la relativa impunidad con la que algunos responsables publicos y privados han manejado los recursos de todos, saltando de los niveles de gobierno a las corporaciones privadas sin rendir cuentas por su gestion ni asumir los daños producidos. A pesar de este preocupante escenario, nos mantenemos como Democracia Social de Mercado en el contexto de la Union Europea. Nos encontramos ante una encrucijada en la que, una vez mas, el pragmatismo con aspiraciones ideales ha de imponerse a las visiones mas racanas y miopes de la teoria economica. El desafio de la innovacion se presenta tambien para el Derecho administrativo economico, obligado a readaptar su instrumental y presentar soluciones cooperativas y competitivas en cada una de sus instituciones: sus fuentes, organizacion, procedimientos, garantias, controles... Innovar la intervencion publica y conseguir que la regulacion administrativa favorezca la innovacion.

Se ha definido el expediente administrativo como el procedimiento hecho papel - la carpeta con los documentos ordenados por la Administración - , pero hoy asistimos a la conversión de los soportes y la regulación del "expediente electrónico", previsto en la nueva Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Por ello parece pertinente un análisis monográfico, como el que ofrece este libro, del régimen jurídico de los documentos de la Administración, desde sus primeras expresiones como reflejos escritos hasta las perspectivas de futuro que ofrece la informática. Los lectores interesados - abogados, funcionarios, jueces, especialistas en Derecho administrativo - encontrarán en esta obra propuestas concretas sobre el régimen del expediente (del clásico y del electrónico): su concepto; los documentos que debe o no incluir; su estructura formal y presentación; las condiciones de publicidad o confidencialidad; la conservación y destrucción; o el valor jurídico y probatorio. Cuestiones todas analizadas desde el postulado de un principio general de documentación La Obra está actualizada a la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios públicos, el nuevo reglamento de Protección de datos y la ley de reutilización de información del sector público.

Esta obra, pensada como manual básico para la docencia de la asignatura en las titulaciones de Derecho, Economía y Administración de Empresas, resulta de la experiencia del autor tras quince años impartiendo sus contenidos en la Universidad de Salamanca. De ahí que se hayan seleccionado las nociones que se consideran esenciales para comprender tanto las potestades de intervención como los derechos y garantías protectoras frente a los abusos administrativos. Los lectores encontrarán aquí información actualizada sobre las principales novedades legislativas, jurisprudenciales y bibliográficas en el ámbito del Derecho administrativo económico. De ahí que pueda ser de utilidad a los abogados, funcionarios, jueces y responsables de empresas que se interesen por el marco general de la intervención y la regulación pública de la Economía.

Se ha definido el expediente administrativo como el procedimiento ordenados por la Administración-, pero hoy asistimos a la conversión de los soportes y la regulación del expediente electrónico, previsto en la nueva Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones públicas. Por ello parece pertinente un análisis monográfico, como el que ofrece este libro, del régimen jurídico de los documentos de la Administración, desde sus primeras expresiones como reflejos escritos hasta las perspectivas de futuro que ofrece la informática. Los lectores interesados -abogados, funcionarios, responsables públicos, jueces, especialistas en Derecho administrativo- encontrarán en esta obra propuestas concretas sobre el régimen del expediente ( del clásico y del electrónico): su concepto; los documentos que debe o no incluir; su estructura formal y presentación; las condicones de publicidad o confidencialidad; la conservación y desrucción; o el valor jurídico y probatorio. Cuestiones todas analizadas desde el postulado de un principio general de documentación -principio de expediente- de las actuaciones administrativas.

Abogados, empresarios, funcionarios y responsables públicos de todos los niveles administrativos han de informarse de las reformas que conlleva la transposición de la Directiva 2006/123, del Parlamento Europeo y del Consejo, de Servicios en el Mercado Interior. Las leyes aprobadas por el Estado y las Comunidades Autonomas a estos efectos son solo el primer paso de una serie de modificaciones que transformaran profundamente nuestro Derecho administrativo.Esta obra ofrece un tratamiento pormenorizado y completo de todas las exigencias de la Directiva en sus proyecciones sobre nuestro Ordenamiento, tanto las recogidas en la Ley de Libre Acceso y Ejercicio de las Actividades de Servicios como las incluidas en las "omnibus" estatales y autonomicas: la libre prestacion y el establecimiento; el nuevo regimen autorizatorio y de control; las repercusiones sobre la libertad de empresa; la simplificacion de los procedimentos; la Administracion electronica; la cooperacion interadministrativa; la calidad de los servicios; el impacto sobre la Administracion local; y la incidencia sobre determinados servicios sociales.

Marco teórico de la innovación aplicado a las entidades locales…

Aunque los contenidos básicos del Derecho administrativo económico no han variado extraordinariamente en los últimos dos años, debe reconocerse que la crisis internacional, sus efectos sobre la economía española y las medidas adoptadas por los gobiernos para intentar paliarlos imponen una reconsideración de las instituciones de intervención pública sobre los mercados. Algunas técnicas prácticamente olvidadas en Europa han servido como soluciones de urgencia para evitar la catástrofe que hubiera supuesto el derrumbamiento del sector financiero. El descrédito de la «desregulación» mal entendida ha provocado una nueva oleada de intervencionismo, que no se agota en el paradigma de la regulación, sino que incluye medidas tradicionales de policía, fomento y servicio público. Al mismo tiempo, Europa se encuentra en un momento crucial para la realización del mercado interior, pendiente de ser adaptada en la mayoría de los países de la Unión la Directiva 123/2006, sobre los Servicios. Una norma que resulta de la dialéctica entre los impulsos liberalizadores y la defensa de los principios de solidaridad y calidad de vida que nos caracterizan y diferencian de otras zonas del mundo. Hay pues muchas razones para poner a la altura de las circunstancias este Manual básico de las disciplina, con diez años de recorrido que van desde el auge de la privatización y la liberalización hasta los apocalípticos mensajes sobre el fin del capitalismo.

odavía está por confirmarse la sostenibilidad de la recuperación económica, apuntada por responsables gubernamentales y puesta de manifiesto en los resultados de las grandes empresas españolas. Bancos, electricas y compañias de telecomunicaciones parecen haber superado la crisis, pero millones de españoles continuan sufriendo los ajustes presupuestarios, el desempleo y la jibarizacion de nuestro producto interior bruto.El fracaso en terminos de bienestar de las politicas convencionales ensayadas durante los ultimos años anima iniciativas heterodoxas, nostalgicas vueltas a modelos aun menos exitosos (creacion de bancos publicos, moratorias turisticas, insinuaciones sobre incumplimientos contractuales). Corremos el riesgo de incurrir en viejos errores para conseguir presentes defectos, justo en un momento en el que los inversores reclaman predecibilidad.¿Cual es a mi juicio el punto de equilibrio de la correcta intervencion administrativa en la economia? Aquel que respeta los derechos afectados y al tiempo consigue resultados positivos en clave social. Las medidas idoneas protegen la libertad y simultaneamente mantienen la cohesion, evitando el crecimiento de la desigualdad (el indice de Gini es uno de los indicadores mas preocupantes de la evolucion reciente de la economia española).INDICE (Resumen): El derecho administrativo economico. La ordenacion publica de la economia: sistema de fuentes. Descentralizacion y administracion economica. Principio de legalidad, potestades de intervencion economica y expresiones de la voluntad administrativa. Estado de derecho: derechos y garantias frente a la intervencion administrativa economica. Estado social: derechos que demandan la intervencion administrativa economica. Formas de intervencion administrativa economica: policia, limitacion o control. Fomento, incentivo o estimulo. Prestacion o servicio publico. La iniciativa publica economica. Intervencion administrativa economica y "opcion institucional".

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Estudio sobre el registro de sentencias previsto en la disposición adicional tercera de la ley 29/1998, de 13 de julio. Encuadernación: Rústica semirrígida y cubierta gris. Coeditado con el Consejo General del Poder Judicial. Prologo de Eduardo Garcia de Enterria (2001). Entre las novedades de la Ley 29/1998 dirigidas a modernizar la Justicia administrativa es digna de analisis la prevision de un Registro de sentencias contencioso-administrativas, que se encuentra en la Disposicion Adicional Tercera de la Ley, cuyo tenor reza como sigue: 1. Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo remitiran al Consejo General del Poder Judicial, dentro de los diez dias siguientes a su firma, testimonio de las sentencias dictadas en los procesos de que conozcan. 2. El Consejo General del Poder Judicial constituira, con dichas sentencias, un Registro, cuyas certificaciones haran fe en todo tipo de procesos. Tal adicion al texto plantea numerosos interrogantes juridicos y tecnicos: a que principios debe responder la creacion del Registro; que poderes deben crearlo y regularlo; quien esta en mejores condiciones de gestionarlo; cual debe ser el regimen de acceso al Registro, y a traves de que medios puede accederse al mismo. Tomando como motivo el futuro Registro, se estudia en este libro el regimen juridico del tratamiento y el acceso a la jurisprudencia, en un momento en el que se debate la posible divulgacion de los contenidos personales de las sentencias y los mecanismos idoneos para garantizar la publicidad de la informacion juridica contenida en ellas.

La protección de la seguridad, la salud, el medio ambiente y los derechos de los consumidores exige, a las puertas del siglo XXI, una eficaz inspección administrativa -un Estado vigilante- para que gracias a su intervencion podamos descansar todos los ciudadanos. En la llamada "sociedad de la informacion", la actividad informativa estatal de acopio de datos cobra creciente importancia, para prevenir riesgos y velar por la realizacion de las leyes. Porque la ejecucion de la ley obliga a la vigilancia de su cumplimiento, al control de las conductas infractoras y desviadas del Derecho.Es necesario, sin embargo, edificar un sistema de garantias que equilibre la potestad administrativa de inspeccion. Por ello la presente obra se dedica a analizar los principios que deben presidir su ejercicio (legalidad-juridicidad, reserva de ley, respeto de los derechos fundamentales, eficacia y proporcionalidad), la organizacion del aparato inspector (en forma publica, privada o de autoinspeccion), el procedimiento de inspeccion (con los derechos y deberes de los interesados y del organo competente), la proteccion jurisdiccional frente a la presuncion de veracidad de las actas de inspeccion y las responsabilidades administrativas in vigilando.

Las universidades han superado en el pasado circunstancias muy difíciles: guerras, desastres, crisis económicas e incluso otras pandemias. El recuerdo de la historia es suficiente para acreditar su renacimiento ab ipso ferro (Fray Luis de Leon), con nuevo brio y motivacion. Quien se pregunte si es posible cambiar la Universidad, deberia saber que la principal caracteristica definitoria de esta institucion es su inteligencia, capacidad que permite superar las propias debilidades. El futuro de la Universidad, en fin, no es un arcano, ni un misterio o una incognita. Mañana y dentro de un año, la proxima decada y despues, las aulas volveran a reunir gentes; docentes y discentes se reencontraran. Los creadores de conocimiento lo mostraran para beneficio de sus destinatarios, jovenes de mente y espiritu inquieto, quienes seguiran estando aqui cuando los anteriores nos marchemos. Asi se mantienen las instituciones, gracias a personas convencidas de su sentido, utilidad y acierto. Tantas organizaciones humanas hoy ya no existen, han desaparecido, pero la Universidad permanece.