ROSA M. MENDEZ

Tras señalar la distinción que, entre gastos y costas del proceso, lleva a cabo la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se analizan los conceptos que conforman esta últimas y los criterios establecidos para su imputación. Todo con la finalidad de alcanzar el principal objetivo de esta obra: ofrecer al lector una primera aproximación al cauce procesal adecuado para la tasación de costas y para el incidente que tenga por objeto su impugnación. Entre otros, se tratan los requisitos que debe contener la solicitud de la tasación, el contenido y exclusiones de esta última, los motivos de impugnación y el procedimiento a seguir según que el incidente haya sido planteado por considerar que los honorarios del abogado o perito son excesivos, por incluir partidas o derechos indebidos, por la acumulación de ambos motivos -el primero de ellos con carácter subsidiario-, o por no incluir gastos debidamente justificados y reclamados. Finaliza la exposición con una completa selección de jurisprudencia y formularios de parte más frecuentes

La acción por la que se ejercita el desahucio, ya sea por falta de pago, resolución del contrato o precario, es el medio con el que cuenta el dueño, usufructuario o persona con derecho a poseer una finca, para reclamar su posesión, así como la resolución del contrato de arrendamiento, en su caso. Se ofrece una visión práctica de todo aquello que se necesita saber para la interposición de esta acción tras la promulgación de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos y la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, esta última notablemente reformada en esta materia por la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo. Del mismo modo, se ofrecen las pautas para el ejercicio de una correcta defensa por parte del arrendatario demandado, con especial tratamiento del derecho de enervación de la acción. Especial y completo estudio de la Jurisprudencia más reciente de las Audiencias Provinciales.

A través del análisis de las sentencias del Tribunal Supremo más recientes y de la normativa aplicable tras la aprobación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, estudiaremos el alcance y finalidad de la tercería de mejor derecho que pueda surgir en el seno de un proceso de ejecución, así como la condición de tercero a estos efectos, la preferencia del crédito que le ampara, la intervención del ejecutante y ejecutado y las diferentes posturas que éstos pueden adoptar frente a la interposición de la demanda de tercería; todo ello sin olvidarnos de aquellos aspectos procesales de la acción que deberá tener en cuenta todo tercerista cuya pretensión consista en que la suma obtenida tras la realización de los bienes en el proceso de ejecución se destine a satisfacer su crédito con preferencia al del acreedor ejecutante.

A través del análisis de las sentencias del Tribunal Supremo más recientes y de la normativa aplicable tras la aprobación de la L.1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se estudian en esta obra los presupuestos o requisitos de la acción de tercería de dominio, la condición de tercero y la titularidad sobre el bien, la trascendencia del Registro de la Propiedad a estos efectos, la figura del demandado, las especialidades en ejecuciones sobre bienes hipotecados y pignorados, las derivadas de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles y aquellas otras que tienen lugar cuando el punto de partida es un embargo preventivo; todo ello sin olvidarnos de aquellos aspectos procesales de la acción que deberá tener en cuenta todo tercerista que pretenda alzar el embargo trabado sobre el bien de su propiedad o respecto del que ostente un derecho que le permita oponerse al embargo o a su realización forzosa. Se incluyen, entre otros, formularios de escritos de demanda de tercería, tanto respecto de bienes inmuebles como muebles.

Sobre la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo La presente colección de acciones civiles analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos procesales de la acción, facilitando, además, el material necesario para su interposición: legislación, jurisprudencia, bibliografía, esquema procedimental y formularios habituales. La Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, nace con la finalidad de proteger a los consumidores en las compraventas civiles de bienes muebles corporales destinados al consumo privado, garantizando que el bien adquirido sea conforme con el contrato que motivó su adquisición o, cuanto menos, facilitando los instrumentos adecuados para alcanzar tal objetivo, ya sea reconociendo una serie de derechos -reparación o sustitución del bien, rebaja del precio y resolución del contrato- o habilitando una acción, la de cesación, contra las conductas contrarias a la Ley que lesionen intereses tanto colectivos como difusos de los consumidores y usuarios. En esta obra se analizan los elementos y el momento en que debe tener lugar la conformidad del bien con el contrato; la responsabilidad del vendedor y del productor, así como sus causas de exoneración; las acciones derivadas de los derechos reconocidos a los consumidores, la compatibilidad entre ellas y las condiciones y reglas para su correcto ejercicio; la garantía comercial y, por último, las notas procesales que caracterizan la acción de cesación.

La novedosa Ley 40/2002 regula el contrato de aparcamiento entendido como contrato por el que una persona cede, en calidad de actividad mercantil, un espacio del que es titular, para el estacionamiento de vehículos de motor, con los deberes de vigilancia y custodia durante el tiempo de ocupación, a cambio de un precio predeterminado en función del tiempo de estacionamiento. La utilización masiva de esta tipología contractual y la falta de una previsión legal hasta ahora había obligado, tanto a la doctrina como a la jurisprudencia, a su incardinación en otras figuras contractuales; siendo finalmente los tribunales los que han llevado a cabo una imprescindible labor de definición y ponderación de los intereses contrapuestos, que hoy dispone, ya, de sanción legal. La presente obra advierte a sus protagonistas de las obligaciones en las que incurren, apunta razones y facilita instrumentos para la defensa de los respectivos intereses. La presente obra ofrece una visión práctica de todo aquello que necesita saber para su interposición o, en su caso, para su evitación mediante una acertada defensa.

Qué es la publicidad?, ¿Qué debe considerarse por publicidad ilícita?, ¿Qué debemos entender por publicidad subliminal?, ¿Existen productos cuya publicidad exija un mayor control?, ¿Cómo se tramita un expediente en solicitud de autorización previa para publicitar determinados productos?, ¿Cómo puede obligarse al cese o a la rectificación de determinada publicidad? Estas y otras muchas cuestiones conforman el objetivo de la presente obra. Y, en especial, las acciones de cesación y rectificación, sus elementos, requisitos, especialidades, procedimiento y efectos; todo ello tras la aprobación de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, con especial incidencia en las modificaciones que la nueva norma procesal introduce en relación con estas acciones y en materia de consumidores y usuarios, así como las particularidades que regula de manera dispersa. Se ofrece una visión práctica de todo aquello que se necesita saber para la interposición de estas acciones y para la tramitación de determinados expedientes.

L. 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico La L. 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, inspirada, entre otros, en principios como el de libre prestación de servicios y proporcionalidad en materia sancionadora, tiene por objeto, según su propia exposición de motivos, incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio y establecer el marco jurídico adecuado que genere en todos los actores intervinientes la confianza necesaria para el empleo de medios electrónicos. Sin perjuicio de una primera aproximación a aspectos tales como el ámbito de aplicación de la norma, principios inspiradores, códigos de conducta y régimen de información y control, en esta obra se estudiarán principalmente las comunicaciones comerciales por vía electrónica, la prohibición de publicidad indiscrimada y no solicitada, la contratación por vía electrónica, la firma electrónica, los distintos medios de pago y el régimen sancionador, con especial análisis de la acción de cesación y de los aspectos procesales derivados de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil que le son de aplicación, entre los que destacan las particularidades previstas en materia de consumidores y usuarios, así como de las soluciones extrajudiciales que ofrece aquella norma especial. Se desarrollan en otra obra de esta colección las cuestiones relacionadas con las obligaciones y régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información.

Introducción; Legislación; Formularios; Jurisprudencia; Bibliografía. (Incluye disquete)

La medicina y su aplicación está adquiriendo en la actualidad una relevancia social creciente, motivado en gran medida por los avances de la ciencia y las expectativas de vida de la sociedad en el presente estado de bienestar. Sin embargo y paradógicamente, en el orden jurídico escasean las normas que regulen la actuación de los profesionales en este ámbito y la responsabilidad médica continúa derivando de la responsabilidad civil común del Código Civil por los daños causados en la actividad profesional de la medicina; es decir, no existe una especial configuración jurídica de la responsabilidad acorde a su naturaleza, la legislación sectorial es dispersa y la regulación común resulta manifiestamente insuficiente y obtusa. A ello se suma la dificultad que entraña su delimitación como relación contractual o extracontractual, sus presupuestos legitimadores y sus efectos. La presente obra ofrece una visión práctica de todo aquello que necesita saber para su interposición o, en su caso, para su evitación mediante una acertada defensa.

Introducción; Legislación; Formularios; Jurisprudencia; Bibliografía. (Incluye disquete)

Introducción; Legislación; Formularios; Jurisprudencia; Bibliografía. (Incluye disquete)

Los signos distintivos -marcas, nombres comerciales- son manifestaciones de la propiedad industrial imprescindibles en el desarrollo empresarial y se configuran como un especial mecanismo de protección de los consumidores al tener como fundamental misión indicar el origen o la titularidad de los productos y servicios que se comercializan, evitando la confusión. A estos signos se suman los derivados de la creciente utilización de nuevas tecnologías -vgr. nombres de dominio en internet- que, desprovistos de una regulación específica por el momento, obligan a efectuar un esfuerzo de adaptación de estas nuevas expresiones con las figuras tradicionales, de ámbito más territorial, con el fin de alcanzar una pacífica convivencia. La presente obra analiza los distintos mecanismos de protección que ofrece la actual Ley de Marcas, facilita esquemas resumen de los procedimientos de concesión de marcas, efectúa un analisis comparativo con figuras afines -patentes y modelos de utilidad- y condensa de forma práctica los presupuestos configuradores y todo aquello que se necesita conocer para la correcta interposición de una demanda o, en su caso, una acertada defensa.

Introducción; Legislación; Formularios; Jurisprudencia; Bibliografía. (Incluye disquete)

Tras la aprobación de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil y por los cauces del proceso monitorio el legislador pretende, en sus propias palabras, la rápida y eficaz protección del crédito dinerario líquido de muchos justiciables y, en especial, de profesionales y empresarios medianos y pequeños. En la presente obra se analizan el objeto, ámbito de aplicación y pre-supuestos necesarios para la procedencia del juicio monitorio; y aspectos procesales tales como la competencia territorial, legitimación activa y pasiva, postulación, costas e íter procedimental, con especial incidencia en la posición que puede adoptar el deudor ante la petición inicial del proceso monitorio.

Introducción; Legislación; Formularios; Jurisprudencia; Bibliografía. (Incluye disquete)

Las acciones indemnizatorias o reparadoras de la novedosa Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, pretenden restaurar el patrimonio del perjudicado agraviado a la situación anterior al daño producido por la aparición de vicios sobre la construcción, eliminando la causa originante del mismo. Es menester, no obstante, que el vicio aparezca dentro del plazo 'legal' de garantía que le corresponda según su naturaleza. Esta acción convive con otras, algunas de las cuales resultan acumulables. La presente obra ofrece una visión práctica de todo aquello que necesita saber para denunciar dichos defectos, escoger la acción que corresponda al caso y llevar a cabo una acertada defensa.

Los derechos constitucionales al honor, la intimidad personal y la propia imagen tienen límites muy poco precisos. Por otro lado, con frecuencia, chocan con otros -derecho de libertad de expresión y derecho de información- del mismo rango, por lo que los tribunales se ven obligados a delimitar y ponderar en cada caso concreto. La presente obra ofrece una visión práctica de todo aquello que necesita saber para una correcta interposición o, en su caso, para su evitación mediante una acertada defensa.

la aprobación de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil y, con ella, la paralela modificación de determinados artículos de naturaleza procesal contenidos en la ley cambiaria y del cheque, el llamado juicio cambiario pasa a regularse, como proceso especial, en el libro IV, título III, capítulo II de la actual Ley procesal, como instrumento adecuado para dotar de eficacia y protección a los créditos documentados en letras de cambio, cheques y pagarés. Además de efectuar un breve recorrido por las distintas acciones derivadas de la Ley cambiaria y del cheque, en esta obra se analizará la nueva regulación procesal del juicio cambiario, así como las modificaciones que al respecto ha sufrido la mencionada ley especial; todo ello sin perjuicio de abordar la polémica surgida acerca de su naturaleza jurídica y demás cuestiones de interés en el proceso tales como la legitimación activa y pasiva según la acción de que se trate, la competencia territorial, la demanda cambiaria, el requerimiento de pago, el inmediato embargo preventivo, la postura del demandado deudor -con especial incidencia en la demanda de oposición cambiaria y sus causas- y los efectos de la sentencia, entre otras. Se ofrece una visión práctica de todo aquello que se necesita saber para la interposición de estas acciones, así como para el ejercicio de una correcta defensa del demandado.

Este título aborda la regulación normativa ex novo que la Ley 42/1998, de 15 de diciembre efectúa de la hasta ahora llamada multipropiedad, en su configuración como nuevo derecho real limitado de aprovechamiento por turno. Nacen con ella un haz de facultades, deberes y acciones para propietarios, promotores, empresas de servicios y titulares de los derechos de aprovechamiento con el fin de garantizar la deseada seguridad jurídica y de tráfico, evitar los posibles fraudes a los consumidores y dar cumplimiento a la exigencia de trasposición al derecho interno de la Directiva comunitaria 94/47/CEE, de fecha 26-10-74. La presente obra, por ello, ofrece una visión práctica de todas las posibilidades extrajudiciales y judiciales que la Ley permite en la defensa de los legítimos intereses de las partes.