SANTIAGO ROURA GOMEZ

En su discurso de investidura de abril de 2004, el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a poner en marcha un proceso de reforma de la Constitución de 1978 limitado a cuatro cuestiones: a) la modificacion de la actual regulacion de la sucesion en la Jefatura del Estado para evitar la discriminacion por razon de sexo, b) la recepcion constitucional de la Union Europea, c) la inclusion de los nombres de las Comunidades Autonomas en el Texto Constitucional, y d) la reforma del Senado.

Un Tribunal que resuelva la conflictividad entre territorios es una necesidad sentida en cualquier modelo de distribución del poder. En España es el Tribunal Constitucional el encargado de tal cometido y, como consecuencia de lo escasamente definidos que aparecen algunos extremos de nuestra “Constitución territorial”, su labor de interpretación del modelo territorial a partir del Texto de 1978 ha resultado de una importancia singular. Este volumen analiza, en primer lugar, la relación que vincula a la justicia constitucional con el Estado descentralizado y desciende, además, al examen de aspectos concretos de la solución de los litigios que enfrentan al Estado con las Comunidades Autónomas o a estas entre sí. El autor hace un repaso de lo más destacado de la jurisprudencia “autonómica” del Tribunal Constitucional y, evaluando las últimas reformas del modelo español de justicia constitucional territorial, propone alguna modificación del sistema vigente de resolución de disputas territoriales a través de unos nuevos Tribunales autonómicos de Garantías y la reforma de la representación territorial en el Senado.