VICENTE GARRIDO MAYOL

La responsabilidad patrimonial pública se erige hoy como uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa el Estado de Derecho. Se ha pasado de considerar la presunción de licitud de los actos estatales por el mero hecho de provenir de las Instituciones del Estado, a reconocer que, como en el ámbito de las relaciones jurídico privadas, el que causa daño a otro está obligado a reparar el daño causado. Tal principio de responsabilidad patrimonial pública se ha consagrado en el ordenamiento jurídico español, en su triple vertiente de la derivada del funcionamiento de los servicios públicos, de la aplicación de leyes, y del error judicial y del funcionamiento anormal de la administración de Justicia. También en el ámbito de la Unión Europea se reconoce en un doble sentido: por una parte, estableciendo la obligación de la Unión Europea de reparar los daños causados por sus instituciones o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones, y ello de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros. Y por otro, imponiendo a éstos la obligación de reparar los daños y perjuicios que puedan causar a los ciudadanos derivados del incumplimiento del derecho comunitario.

Para la mayoría de los ciudadanos españoles, hablar de Europa equivale a hablar de futuro. Europa ha sido tradicionalmente sinónimo de libertad, normalización democrática y prosperidad económica. Nuestro ingreso en la entonces Comunidad Europea el 1 de enero de aquel lejano 1986, tras la firma del Acta de Adhesión el 12 de junio de 1985, nos permitió poner en práctica lo que Varela Ortega ha denominado 'agenda de modernización', apoyada en escuela, despensa, obra pública, industria y europeización. Pero Europa posee, además de un contenido económico indudable, un significado muy especial para aquellos que, como quien escribe estas líneas vivimos apasionadamente los años de la transición española. En esa época, la referencia al viejo continente constituía una suerte de innovación mágica, una llave que daba acceso al Estado del Bienestar que habríamos de levantar en aquellos años. Frente a un país enfrentado al reto de construirse, Europa emergía ya entonces como un modelo a seguir. Hoy, casi veinte años más tarde, podemos contemplar la obra con satisfacción y perspectiva. El Estado social y democrático de derecho cuenta con sólido arraigo en España, y gran parte de esa fortaleza se la debemos a la Constitución de 1978, clave de bóveda de nuestro ordenamiento jurídico. pero, si bien la transición de nuestro país a la normalidad democrática y la homologación con las naciones de su entorno puede darse por concluida, el proceso de construcción europea sigue avanzando. Con la elaboración de una Constitución Europea se ha hecho presente, una vez más, el principio de continuidad, apoyado en aquellas palabras del Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Robert Schuman: 'Europa no se hará de un solo golpe, sino en una construcción conjunta a través de realizaciones concretas, creando ante todo una solidaridad de hecho'.