Libros de Derecho procesal. Procedimiento penal, página 16 de 73

Derecho

Los Códigos Básicos editados por El Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a las exigencias de rigor que los profesionales jurídicos necesitan en su día a día. Suponen un compendio de la legislacion vigente en los diferentes ambitos que componen el derecho español, pero cabe destacar que incluyen una Relacion de Reformas a la presente Ley sobre la que verse el Codigo Basico en cuestion, asi como una Relacion de Preceptos modificados.Ademas gracias a su indice alfabetico accedera a la informacion que busca de una manera mucho mas rapida y sencilla.

Índice Índice.Quiero al juez de instrucción Quiero al juez de instrucción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Las reformas de 2015 Las reformas de 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.1. 1. La constitucionaLizacion deL enjuiciamiento criminaL La constitucionaLizacion deL enjuiciamiento criminaL 1. el modelo de juicio penal que garantiza la constitucion 1. el modelo de juicio penal que garantiza la constitucion . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1. La tutela procesal penal de los valores reconocidos en la Constitucion . . . . 25 2. La lectura constitucional de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . . . . . . . . . . . 26 3. La incontinente obsesion por los juicios rapidos (Ley 38/2002, de 24 de octubre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4. La proteccion integral de la violencia de genero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5. El processus iudicii penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2. La estructura del juicio penal 2. La estructura del juicio penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 1. Instruccion . . . . .

La creciente normativización de las categorías del delito es una tendencia incuestionable. Con este trabajo se pretende aportar una visión alternativa de dicho fenómeno en el ámbito de los elementos subjetivos del tipo, en concreto, del dolo y la imprudencia. El enfoque dogmatico escogido para el estudio de estos elementos subjetivos sera el de la teoria de las normas y de la imputacion, abordado desde los aportes de las ciencias sociales.Desde la teoria de las normas se pondra en evidencia la conexion que existe entre el autor del delito y sus conocimientos necesarios para la infraccion del deber (contenido en la norma de conducta). Desde la doctrina de la imputacion se advertira la dimension exclusivamente subjetiva que ha de someterse al juicio de desvalor y de atribucion. Los aportes de las ciencias sociales revelaran los aspectos no estrictamente juridicos que deben considerarse en la elaboracion dogmatica de los elementos del delito.El trabajo se estructura en dos cuestiones capitales: la definicion y clasificacion cognitiva del elemento subjetivo y su valoracion e imputacion.Lorena Varela es Abogada (2001) y Posgrado (2003) en Derecho penal por la Universidad Nacional del Nordeste (Corrientes, Argentina). Diploma de Estudios Avanzados (2006) y Doctora en Derecho penal y Ciencias Penales por la Univers...

La presente edición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras Normas Procesales, ha sido preparada por Julio Muerza Esparza, Catedrático de Derecho Procesal. Pretende ofrecer al profesional del Derecho, una exposicion completa de la normativa que integra el ordenamiento procesal penal español vigente. Ademas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882, actualizada a la fecha de cierre, se ha dado especial importancia a aquellas normas que han supuesto importantes modificaciones en el sistema procesal español, en particular, la Ley Organica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado; la Ley Organica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal del Menor; la Ley Organica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de proteccion integral contra la violencia de genero; la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Juridica Gratuita, y su Reglamento; la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayuda a las Victimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual; la Ley Organica 4/2000, de 11 de enero, que regula los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integracion social; la Ley 3/2003, de14 de marzo, sobre la orden europea de detencion y entrega y el Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, que regula los depositos y consignaciones judiciales en metalico, de efectos o valores. La edicion se completa con una relacion de Circulares e Instrucciones de la Fiscalia General del Estado, con una incidencia directa en las anteriores normas.

La Ley 13/2009 de 3 de noviembre, aprueba la reforma procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, cuyo objetivo es la racionalización y optimización de los recursos que se destinan al funcionamiento de la Administracion de Justicia. Tras su publicacion en el Boletin Oficial del Estado, el dia 4 de noviembre, entrara en vigor el dia 4 de mayo de 2010. Despues de esa fecha, y segun se recoge en las disposiciones transitorias de la Ley Los procesos de declaracion que estuvieren en tramite en cualquiera de sus instancias a la entrada en vigor de la presente Ley, se continuaran sustanciando hasta que recaiga sentencia en dicha instancia conforme a la legislacion procesal anterior y Los señalamientos efectuados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley seguiran el regimen previsto en la normativa vigente en el momento de acordarse. El operador juridico debera, entonces, tramitar procesos bajo dos diferentes regulaciones. Este codigo recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en sus dos redacciones, antes y despues de la reforma, para facilitar al profesional el manejo de la normativa en la practica procesal. Los articulos, modificados por la Ley 13/2009, se reproducen en sus dos versiones, para distinguir las dos redacciones se presenta en letra cursiva, el texto que entrara en vigor el dia 4 de mayo de 2010. Esta modificacion de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no cierra los ciclos modificativos de la misma, ya que, como indica el Preambulo de la Ley 13/2009,: &, la obsolescencia de las normas contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha obligado a realizar una reforma solamente parcial en materia de Oficina judicial a la espera de que se produzca la revision completa de esta Ley para dar luz a una de nuevo cuño, como ya se hizo en el año 2000 con la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Los delitos socioeconómicos, principalmente contra el medio ambiente, laborales, tributarios y societarios, etc., así como los vinculados a la criminalidad organizada y a la corrupción política, están siendo actualmente perpetrados desde la empresa y otras asociaciones. Su tratamiento juridico penal obliga a la busqueda de soluciones teoricas que, sin desbordar las garantias fundamentales, constituyan herramientas idoneas para una eficaz prevencion de los mismos. Por otro lado, la teoria del delito, diseñada a partir de paradigmas sustentados en la conducta humana, no puede ser apta para resolver los delitos cometidos en organizaciones complejas. Se propone, por tanto, al reelaboracion de categorias especialmente diseñadas para imputar responsabilidad penal y administrativa a las personas juridicas. Esta discusion cobra mas vida, cuando los esfuerzos de integracion de la UE recomiendan y una armonizacion de las legislaciones penales, para lograr una politica criminal comun. Esta segunda edicion profundiza la linea de la construccion del sistema de responsabilidad penal de las personas juridicas, incorporando las ultimas novedades al respecto, tanto los estudios doctrinales, como la jurisprudencia reciente, en especial la referente a la ilegalizacion de partidos politicos. En el ambito del Derecho Comparado se estudia la nueva Ley italiana de 2001 y se sistematizan los instrumentos europeos que preven este tipo de responsabilidad

Juan Montero Aroca Juan Luis Gómez Colomer Alberto Montón Redondo Silvia Barona Vilar Cuando se inicia el estudio del proceso penal, y especialmente cuando ello se hace después de haber estudiado el proceso civil, es necesario advertir, de entrada, que los organos jurisdiccionales, si no tienen monopolio alguno en la aplicacion del derecho privado, si lo tie nen cuando se trata de la actuacion del derecho penal, de modo que no existe aplicacion de este derecho fuera del proceso. A esta exclusividad se ha llegado mediante toda una serie de opciones politicas en las que se ha ido manifestando la civilizacion.

En esta obra se realiza un análisis detallado de las diferentes cuestiones que se plantean hoy día con relación a la condena en costas en el proceso penal, teniendo muy en cuenta la doctrina y, especialmente, la numerosa jurisprudencia existente al respecto. Dicho análisis abarca, por un lado, el estudio de los criterios que han de regir la imposición de las costas tanto en la primera o única instancia como en segunda instancia y en casación; y, por otro, la tasación de costas y la impugnación de la misma. En este sentido, se trata de un trabajo especialmente útil para jueces, secretarios judiciales, abogados y demás profesionales de la justicia penal; sobre todo si tenemos en cuenta que el tema de la condena en costas en el proceso penal está regulado por normas desfasadas que presentan numerosas lagunas a las que se pretende dar solución. Además, el autor aprovecha el mencionado estudio para formular una serie de sugerencias que puedan servir de orientación al legislador, ante el compromiso asumido por el Ministerio de Justicia de acometer una reforma global de nuestra centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La presente obra es una revisión actualizada de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo sobre el derecho fundamental al Juez imparcial en su modalidad objetiva, referida a la relacion organica o funcional del Juez con el proceso mismo y proyectada, en esencia, en la maxima el que instruye no puede fallar. Con la cita de mas de 150 sentencias se pretende que esta monografia sea util a los profesionales del derecho dedicados al proceso penal que deban enfrentarse a situaciones donde la imparcialidad objetiva del Juez este en cuestion. Asimismo, el autor realiza una serie de consideraciones de orden cientifico y doctrinal acerca de la institucion que ayudan al lector a comprender la dimension de la misma, proponiendo soluciones de lege ferenda para algunos de los problemas actuales del proceso penal en relacion con el derecho fundamental al Juez imparcial.

Se analizan los aspectos procesales concurrentes en la investigación de los delitos que se cometen a través de Internet o con ocasión del uso de las nuevas tecnologías, los problemas de competencia en su investigacion, las diligencias de la investigacion procesal de estos delitos, que tanto afectan a los derechos fundamentales del art. 18 CE (entradas y registro, ocupacion de efectos, intervencion de telecomunicaciones, detencion de correspondencia) y a la legislacion ordinaria referente a la Sociedad de la Informacion, las telecomunicaciones y la proteccion, cesion y conservacion de datos, sin olvidar las especificidades de la prueba pericial informatica, con sus peculiaridades sobre cadena de custodia, volcado, clonado y analisis de datos. Se estudian tecnologias especificas como medios de prueba (filmacion de lugares, videograbacion, videoconferencia) y otras tecnicas de investigacion penal vinculadas a las nuevas tecnologias (rastreos, traceos, señas IP, entregas vigiladas a traves de Internet, infiltracion y agente encubierto en Internet o tecnovigilancia, balizas y GPS). Se analizan las diligencias a prevencion policiales, las medidas cautelares y restrictivas en Internet (retirada, bloqueo e interdiccion de acceso en España de Webs ilicitas) y el comiso, las consecuencias accesorias y la responsabilidad de los agentes que operan a traves de Internet.

La Justicia penal de menores muestra unas tendencias preocupantes porque confirman en el terreno más inapropiado los rasgos cada vez más radicales del Derecho penal en general. En este sentido, la pregunta ¿ que hacer con la delincuencia juvenil o infantil? "viciada, de antemano, porque considera criminales a quienes, en rigor, no lo son (J. Boix)" corre el riesgo de resolverse con mas Derecho penal, donde habrian de emplearse medios menos punitivos, y con menos Derecho penal, donde deberian reinar mas garantias (C. Prittwitz). La tendencia aparece claramente confirmada a traves del ejercicio de Politica Criminal comparada que este libro supone, en particular con la nueva vuelta de tuerca que supuso la reforma española de 2006, especialmente en lo concerniente al endurecimiento del internamiento en regimen cerrado y la reconsideracion del sistema ya no tanto en torno al interes del menor como en funcion de premisas victimologicas (C. Gomez Rivero, J. J. Lopez Ortega, L. Martinez y F. Moreno), pero esta presente en el Derecho penal de menores de Alemania, Inglaterra, Gales e Italia (C. Prittwitz, G. Breen, L. Marafioti). A partir de esta dimension politico-criminal, las contribuciones a este libro tejen un riguroso analisis tecnico-juridico del Derecho vigente y de la praxis del sistema, asi como del Derecho comparado, proporcionando un importante caudal de soluciones interpretativas y aplicativas, en especial en lo que se refiere a las facetas aludidas y a la problematica procesal de la Justicia penal de menores, que se corresponde con la experiencia y solvencia de los autores en ofrecer argumentaciones plausibles, atentas tanto a las exigencias propias del rigor academico como a las necesidades de los operadores juridicos y de los tecnicos que desarrollan su actividad en dicho ambito.

Dir. Javier Hernández Garcái. (Manuales de formación continuada ; 51-2009). Esta obra surge de la convicción de los profesionales que participan en ella de la existencia de un notable déficit de disciplina legal en materia probatoria en España. El principio de libertad de prueba ha funcionado razonablemente bien en el sistema anglosajon al estar apoyado por unas precisas reglas de exclusion, pero en los modelos continentales y, especialmente en el español, ha conducido a una situacion de incerteza y creciente irracionalidad. El objetivo de este practico volumen es abordar una seleccion de los problemas probatorios que diariamente surgen en la actuacion de los tribunales españoles en la obtencion de las fuentes de prueba, en la produccion de los medios de prueba, y en su valoracion, partiendo de la experiencia del grupo de investigacion compuesto por jueces, fiscales y profesores universitarios. La obra, estructurada en 99 preguntas y dirigida, inicialmente, a jueces y fiscales, aunque de gran interes tambien para abogados y procesalistas, aborda en la respuesta de las mismas la doctrina, la regulacion aplicable y el estado jurisprudencial de la cuestion, con especial referencia a las decisiones, tanto del Tribunal Europeo como del Tribunal Constitucional y Supremo español, ofreciendo respuestas operativas o, al menos, argumentos para su descubrimiento.

La obra contiene la Ley de Enjuiciamiento Criminal, actualizada y concordada y con un extenso índice analítico. Incluye además, la siguiente legislación especial: - Ley orgánica del tribunal del jurado. - Ley organica reguladora de la responsabilidad penal de los menores. - Ley organica reguladora del procedimiento de "Habeas Corpus". - Ley del ejercicio de la gracia de indulto. - Ley de asistencia juridica gratuita. - Ley organica sobre proteccion de la seguridad ciudadana. - Ley organica de proteccion a testigos y peritos en causas criminales. - Ley de extradicion pasiva. - Ley sobre competencia para conocer de las causas contra senadores y diputados. - Real Decreto por el que se regulan los pagos, depositos y consignaciones judiciales. - Real Decreto sobre conservacion y destino de las piezas de conviccion. - Ley organica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. - Ley organica de medidas de proteccion integral contra la violencia de genero.

Adaptada a la Ley de la Nueva Oficina Judicial.