EL DEFENSOR DEL PUEBLO, PROTECTOR DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES Y SUPERVISOR DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

El Defensor del Pueblo es una garantía institucional de los derechos y libertades establecida por primera vez en la historia constitucional española en el texto de la Constitución de 1978. Entronca internacionalmente con la institución del ombudsman. Su misión de supervisor de las Administraciones Públicas persigue la protección de tales derechos de los ciudadanos en las relaciones con los órganos administrativos y sus agentes contra posibles violaciones de los mismos, y el mal funcionamiento o las negligencias administrativas, pero tambien pretende ser un estímulo para la mejora general de la actividad de las Administraciones Públicas. El Defensor, en su origen, es un Comisionado de las Cortes Generales pero al poder recurrir contra las propias leyes elaboradas por estas y otros actos no legislativos de las mismas -recursos de inconstitucionalidad y de amparo-opera como sustituto de la iniciativa de la soberanía popular. La independencia y la plena autonomía es un rasgo fundamental de la institución tanto en sus relaciones con los otros órganos del Estado como respecto a los partidos políticos y otros poderes sociales. En su relación con las instituciones similares de las Comunidades Autónomas, a partir de la preeminencia del Defensor estatal, la práctica se ha resuelto