IGUALDAD Y AUTONOMIA: LAS COMPETENCIAS SOBRE ASOCIACIONES EN LA J URISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
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Sinopsis
Encuadernado en rústica semirrígida y con cubierta gris. Coeditado con el Instituto Vasco de Administración Pública (1999).
El Estado y las CC.AA. comparten, en virtud de la CE y de los estatutos de autonomía, potestades legislativas sobre muchas materias desde las que inciden directa o indirectamente en la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales. La dimensión objetiva e institucional de los derechos fundamentales impregna toda la organización estatal y está especialmente presente en las propias reglas de reparto competencial bajo la forma de principio de igualdad.
Éstas son las claves desde las que han de interpretarse la reserva de ley orgánica para el desarrollo directo de los preceptos que los reconocen (artículo 81.1), el principio de igualdad de derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado (artículo 139.1) o la competencia estatal para fijar las condiciones básicas de su ejercicio (artículo 149.1.1.º). Cláusulas de igualdad que son, por lo tanto, compatibles con la autonomía política territorial. Todo lo cual se constata más fácilmente estudiando un derecho en particular, como el de asociación, y con el importante apoyo de la reciente jurisprudencia constitucional al respecto.
El Estado y las CC.AA. comparten, en virtud de la CE y de los estatutos de autonomía, potestades legislativas sobre muchas materias desde las que inciden directa o indirectamente en la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales. La dimensión objetiva e institucional de los derechos fundamentales impregna toda la organización estatal y está especialmente presente en las propias reglas de reparto competencial bajo la forma de principio de igualdad.
Éstas son las claves desde las que han de interpretarse la reserva de ley orgánica para el desarrollo directo de los preceptos que los reconocen (artículo 81.1), el principio de igualdad de derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado (artículo 139.1) o la competencia estatal para fijar las condiciones básicas de su ejercicio (artículo 149.1.1.º). Cláusulas de igualdad que son, por lo tanto, compatibles con la autonomía política territorial. Todo lo cual se constata más fácilmente estudiando un derecho en particular, como el de asociación, y con el importante apoyo de la reciente jurisprudencia constitucional al respecto.
Ficha Técnica
Editorial: Civitas Ediciones, S.L.
ISBN: 9788447012589
Número de páginas: 173
Encuadernación: Tapa blanda
Año de edición: 1999
Plaza de edición: Madrid
Especificaciones del producto
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Encuadernado en rústica semirrígida y con cubierta gris. Coeditado con el Instituto Vasco de Administración Pública (1999).
El Estado y las CC.AA. comparten, en virtud de la CE y de los estatutos de autonomía, potestades legislativas sobre muchas materias desde las que inciden directa o indirectamente en la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales. La dimensión objetiva e institucional de los derechos fundamentales impregna toda la organización estatal y está especialmente presente en las propias reglas de reparto competencial bajo la forma de principio de igualdad.
Éstas son las claves desde las que han de interpretarse la reserva de ley orgánica para el desarrollo directo de los preceptos que los reconocen (artículo 81.1), el principio de igualdad de derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado (artículo 139.1) o la competencia estatal para fijar las condiciones básicas de su ejercicio (artículo 149.1.1.º). Cláusulas de igualdad que son, por lo tanto, compatibles con la autonomía política territorial. Todo lo cual se constata más fácilmente estudiando un derecho en particular, como el de asociación, y con el importante apoyo de la reciente jurisprudencia constitucional al respecto.
El Estado y las CC.AA. comparten, en virtud de la CE y de los estatutos de autonomía, potestades legislativas sobre muchas materias desde las que inciden directa o indirectamente en la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales. La dimensión objetiva e institucional de los derechos fundamentales impregna toda la organización estatal y está especialmente presente en las propias reglas de reparto competencial bajo la forma de principio de igualdad.
Éstas son las claves desde las que han de interpretarse la reserva de ley orgánica para el desarrollo directo de los preceptos que los reconocen (artículo 81.1), el principio de igualdad de derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado (artículo 139.1) o la competencia estatal para fijar las condiciones básicas de su ejercicio (artículo 149.1.1.º). Cláusulas de igualdad que son, por lo tanto, compatibles con la autonomía política territorial. Todo lo cual se constata más fácilmente estudiando un derecho en particular, como el de asociación, y con el importante apoyo de la reciente jurisprudencia constitucional al respecto.