LEY DE REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PR OCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN (12ª ED)

Edición de Leguina Villa, J., 12ª ed., 2011. Esta nueva edición recoge el texto actualizado de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debidamente anotada y concordada. Se incluye, asimismo, la Exposición de Motivos de la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la finalidad de facilitar el estudio de la mayor reforma sufrida por aquella Ley. Además, se incorporan referencias de las Sentencias del Tribunal Supremo que han venido a fijar la doctrina jurisprudencial de los preceptos de la Ley 30/1992. Se añaden los textos del Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, y del Real Decreto 523/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la exigencia de aportar el certificado de empadronamiento, como documento probatorio del domicilio y residencia, en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.

Edición de Leguina Villa, J., 12ª ed., 2011. Esta nueva edición recoge el texto actualizado de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debidamente anotada y concordada. Se incluye, asimismo, la Exposición de Motivos de la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la finalidad de facilitar el estudio de la mayor reforma sufrida por aquella Ley. Además, se incorporan referencias de las Sentencias del Tribunal Supremo que han venido a fijar la doctrina jurisprudencial de los preceptos de la Ley 30/1992. Se añaden los textos del Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, y del Real Decreto 523/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la exigencia de aportar el certificado de empadronamiento, como documento probatorio del domicilio y residencia, en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.