Fabio Pascua Mateo

La oleada de normas aprobadas no deja, por lo novedoso, de ser un ensayo sobre la eficacia de establecer una supervisión común y equivalente de un mercado en la Unión, pero utilizando para ello las administraciones de los Estados miembros. La idea, que bien puede conectarse con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, es no aumentar el peso institucional de la Union mas alla de lo imprescindible, e incluso permitir la adaptacion de las normas a las diversas circunstancias de los Estados miembros [,] El tiempo dira, pues, si la novedad de la que hoy damos cuenta se convierte en un camino util que pueda ser explorado en otros sectores y en el que la formacion de un derecho sancionador comun - por lo demas muy familiar para sus destinatarios, pues no deja de inspirarse en sus tradiciones constitucionales comunes - que hayan de aplicar los Estados miembros supla a la creacion de nuevas entidades europeas, o solo una experiencia fallida previa a una centralizacion superior.

Premio "Francisco Tomás y Valiente" 2013 "Fuentes y control del Derecho Parlamentario y de la Administración Parlamentaria" contiene lo que su título trata de indi

Transcurridos ya tres años desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, resulta más que oportuno echar un vistazo a algunas de las cuestiones más relevantes del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento. Por supuesto, ademas de su incidencia sobre el sistema de fuentes, se analizan las novedades desde el punto de vista de la arquitectura institucional, con muestras de una cierta renacionalizacion de la Union, entre las que deben recordarse la consagracion del Consejo Europeo como institucion de primer orden politico o la llamada a la actuacion de los Parlamentos nacionales, aunque sin olvidar un refuerzo constante del sistema jurisdiccional, con un Tribunal de Justicia cada vez mas complejo y especializado, ni la pugna del Parlamento Europeo por encontrar una posicion desahogada. Pero tambien algunas politicas sectoriales de singular relevancia, como el Espacio de libertad, seguridad y justicia, la Politica Comun de Seguridad y Defensa o los nuevos desafios del derecho en Internet y su incidencia en la proteccion de datos de caracter personal. Todo ello sin olvidar la consagracion definitiva de esa Europa del Derecho que supone el reconocimiento de plena eficacia juridica a la Carta de Derechos Fundamentales. Para afrontar con el debido rigor esta tarea, se han reunido algunos de los mejores especialistas en la materia que combinan una muy alta formacion teorica con la imprescindible sensibilidad practica que requiere el lector.

Hace el autor una obligada referencia a la evolución del sistema de Juntas electorales, comenzandocon la instrucción de 1 de enero de 1810 y concluyendo con la Ley 39/1978 de 17 de julio de elecciones locales. Conseidera la condición de Administración Pública de la Administración electoralcentral, Juntas Electorales de las CC.AA. Juntas electorales provinciales y de zona, mesas, órganos auxiliares y fuerzas políticas concurrentes. Estudia la actuación de la Administración electoral, con sus potestades, procedimientos, régimen de invalidez de los actos, acceso a los archivos de las Juntas y Responsabilidad patrimonial de la Administración electoral.Concluye con el capítulo dedicado al control de los actos de la Administración electoral: recursos en Vía administrativa, recursos jurisdiccionales en materia censal, el recurso Contencioso-electoral los otros recursos ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa y el recurso de Amparo. Estudio riguroso con abundante aparato crítico e idónea bibliografía.

Hace ya más de cien años escribía Mario Navarro Amandi que para que una ley electoral puedadecirse buena, es preciso «que tenga voto todo el que deba tenerlo, que el voto dé por resultado la ponderación exacta de las fuerzas sociales, que la elección no pertenezca a las mayorías, sino a todos los electores y que la elección no pueda falsificarse». Hoy, aunque es indudable el muy alto grado de limpieza y corrección del proceso electoral, no dejan de ser necesarios múltiples mecanismos que prevengan conductas fraudulentas, desde empadronamientos de conveniencia, hasta la presentación de candidaturas por formacionesilegales, pasando por la regularidad del voto emigrante, la cobertura informativa de los medios de comunicación públicos o las inauguraciones de obras en plena campaña electoral, sin olvidar la depuración de los errores que pueden producirse en un recuento llevado a cabo por ciudadanos no siempre conocedores de los detalles del derecho electoral. Por ello resulta más que oportuna una obra que aborda la triple vertiente de los mecanismos de control que han de impedir tal falseamiento, tanto los de naturaleza administrativa, puestos a disposición de las Juntas electorales, como los jurisdiccionales que ejercen los tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional.

Bajo el título Estado democrático y elecciones libres un grupo de autores de diversa procedencia y del máximo nivel jurídico - catedráticos de Derecho, letrados de las Cortes Generales y de la Asamblea de Madrid, magistrados del Tribunal Supremo - aborda un estudio sistemático de los problemas más relevantes y de actualidad del derecho electoral. Entre ellos destacan su presupuesto básico, el derecho fundamental a la participación política, con cuestiones como la discutida legitimidad de las listas paritarias o la importante jurisprudencia del TEDH, que recientemente ha ratificado la corrección de la ilegalización de Herri Batasuna y de sus candidaturas electorales, hasta la organización y control de las elecciones, pasando por temas tan significativos como los sistemas electorales en España, con su proyección directa sobre la estabilidad institucional, o las campañas electorales, fuente siempre de tensiones entre los participantes. Todo ello teniendo en cuenta no sólo el ya cuantioso caudal de fuentes normativas - Constitución, LOREG, Estatutos de Autonomía, leyes electorales autonómicas, jurisprudencia y doctrina de la Junta Electoral Central - sino también las más recientes aportaciones como el Informe del Consejo de Estado de 24 de febrero de 2009 y los Informes de la Junta Electoral Central de 20 de enero, sobre aspectos que pueden incluirse en una eventual reforma legislativa. El resultado es una obra expuesta de manera elegante y clara, a la par que minuciosa, imprescindible para el estudioso de los temas electorales.

A ningún jurista mínimamente avezado escapa hoy que el derecho adolece de una importante falta de calidad técnica en muchas de sus normas, bien por exceso o defecto de regulación, como consecuencia de una defectuosa planificación, bien por su mala redacción acentuada por la proliferación de sujetos que intervienen en la misma. Tampoco extraña que, desde la entrada de España en la Unión Europea en 1986, su derecho ejerce una influencia sobre el ordenamiento español que es decisiva en muchos sectores - como el derecho mercantil y ramas enteras del administrativo y del financiero, sin olvidar en los últimos años el procesal penal - por lo que asistimos diariamente a una importación directa o indirecta de sus virtudes y defectos. Esta obra pretende examinar y plantear propuestas para corregir las principales disfunciones del propio derecho comunitario, al que, con cierta justificación, se acusa de vicios tales como el exceso de regulación, el empleo de bases jurídicas inadecuadas o la mala redacción o traducción de sus textos. Pero, a la vez, presenta la otra cara de la moneda, esto es, la actuación de los poderes públicos españoles - tanto en el ámbito estatal, como en las Comunidades Autónomas y entes locales - a la hora de adaptar sus disposiciones a las directivas, decisiones marco y otras normas que requieren de una intermediación nacional para su eficacia. En este sentido esboza diversas medidas que permitan compaginar la lealtad debida a la Comunidad Europea - de manera que no se retrase la entrada en vigor de sus disposiciones y que su contenido quede plenamente desarrollado - con las exigencias básicas para garantizar que el ordenamiento jurídico interno no chirría con la entrada irreflexiva y superflua de categorías jurídicas extrañas o que alteren indebidamente nuestro sistema de fuentes. Finalmente, teniendo en cuenta la realidad autonómica española, propone una serie de técnicas a través de las cuales el Estado cumpla con el deber de supervisión y garantía del derecho comunitario que le impone el art. 93 CE, cuando sean las Comunidades

La doctrina administrativa ha prestado en general una atención relativamente escasa a la actividad promocional o de fomento, al menos en comparación con otras formas de actuación de la Administración. Si esto es asi con caracter general, aun cuando no deban menospreciarse muy interesantes obras aisladas, especialmente en el caso de las subvenciones, la desatencion se agudiza cuando se llega a los beneficios fiscales. Obviamente, el importante peso que tiene la ley en su definicion y establecimiento no ayuda a su estudio desde una perspectiva del actuar de la Administracion. Sin embargo, la actividad de fomento a traves de incentivos fiscales constituye uno de los instrumentos mas relevantes de la actuacion administrativa. De acuerdo con los datos mas recientes, los beneficios fiscales previstos por el Estado para 2023 superaran los 45 mil millones de euros, que se elevan a casi 60 mil millones si se suman los correspondientes a las Comunidades Autonomas y los entes locales. Esto hace que hablemos de casi un 5% del PIB español. De hecho, no falta un importante sector doctrinal que promueve el recurso a la tecnica de los beneficios fiscales en detrimento de las ayudas o subvenciones como principal instrumento de fomento de actividades privadas. En este ingente gasto fisca