Fabio Pascua Mateo

Hace el autor una obligada referencia a la evolución del sistema de Juntas electorales, comenzandocon la instrucción de 1 de enero de 1810 y concluyendo con la Ley 39/1978 de 17 de julio de elecciones locales. Conseidera la condicion de Administracion Publica de la Administracion electoralcentral, Juntas Electorales de las CC.AA. Juntas electorales provinciales y de zona, mesas, organos auxiliares y fuerzas politicas concurrentes. Estudia la actuacion de la Administracion electoral, con sus potestades, procedimientos, regimen de invalidez de los actos, acceso a los archivos de las Juntas y Responsabilidad patrimonial de la Administracion electoral.Concluye con el capitulo dedicado al control de los actos de la Administracion electoral: recursos en Via administrativa, recursos jurisdiccionales en materia censal, el recurso Contencioso-electoral los otros recursos ante la Jurisdiccion Contencioso-administrativa y el recurso de Amparo. Estudio riguroso con abundante aparato critico e idonea bibliografia.

A ningún jurista mínimamente avezado escapa hoy que el derecho adolece de una importante falta de calidad técnica en muchas de sus normas, bien por exceso o defecto de regulación, como consecuencia de una defectuosa planificacion, bien por su mala redaccion acentuada por la proliferacion de sujetos que intervienen en la misma. Tampoco extraña que, desde la entrada de España en la Union Europea en 1986, su derecho ejerce una influencia sobre el ordenamiento español que es decisiva en muchos sectores - como el derecho mercantil y ramas enteras del administrativo y del financiero, sin olvidar en los ultimos años el procesal penal - por lo que asistimos diariamente a una importacion directa o indirecta de sus virtudes y defectos. Esta obra pretende examinar y plantear propuestas para corregir las principales disfunciones del propio derecho comunitario, al que, con cierta justificacion, se acusa de vicios tales como el exceso de regulacion, el empleo de bases juridicas inadecuadas o la mala redaccion o traduccion de sus textos. Pero, a la vez, presenta la otra cara de la moneda, esto es, la actuacion de los poderes publicos españoles - tanto en el ambito estatal, como en las Comunidades Autonomas y entes locales - a la hora de adaptar sus disposiciones a las directivas, decisiones marco y otras normas que requieren de una intermediacion nacional para su eficacia. En este sentido esboza diversas medidas que permitan compaginar la lealtad debida a la Comunidad Europea - de manera que no se retrase la entrada en vigor de sus disposiciones y que su contenido quede plenamente desarrollado - con las exigencias basicas para garantizar que el ordenamiento juridico interno no chirria con la entrada irreflexiva y superflua de categorias juridicas extrañas o que alteren indebidamente nuestro sistema de fuentes. Finalmente, teniendo en cuenta la realidad autonomica española, propone una serie de tecnicas a traves de las cuales el Estado cumpla con el deber de supervision y garantia del derecho comunitario que le impone el art. 93 CE, cuando sean las Comunidades

Premio "Francisco Tomás y Valiente" 2013 "Fuentes y control del Derecho Parlamentario y de la Administración Parlamentaria" contiene lo que su título trata de indicar, esto es, por un lado, un estudio de las distintas normas que conforman el derecho parlamentario y el derecho administrativo que rige la actuacion de la administracion parlamentaria, y, por otro, el sistema de control de todos los actos de las Camaras. Bajo la primera perspectiva se abordan en primer termino las fuentes endogenas, fruto del reconocimiento de la autonomia parlamentaria, tanto de caracter escrito -reglamentos, resoluciones de la presidencia, estatuto del personal - como consuetudinario -costumbre, precedentes, convenciones, etc.- y a continuacion las que proceden del sistema general de normas establecido en la Constitucion, con algun enfoque novedoso como puede ser el papel de los tratados internacionales, hasta la fecha con poca o nula atencion doctrinal. Desde el punto de vista del control, se estudian los distintos cauces procesales para asegurar la constitucionalidad y legalidad de la actuacion de los Parlamentos españoles, sea ante el Tribunal Constitucional, sea frente a la jurisdiccion contencioso-administrativa. Aunque el foco de atencion se centra fundamentalmente en las Cortes Generales, por su mayor tradicion historica, su caracter de representantes del pueblo español como titular de la soberania del Estado y por haber servido -sobre todo en el caso del Congreso de los Diputados- de modelo para las Asambleas legislativas de las Comunidades Autonomas, se incluyen detalladas menciones a las particularidades que estas ultimas han venido desarrollando en sus ya mas de treinta años de funcionamiento que, aunque no alteran la homogeneidad sustancial del derecho parlamentario español, plantean problemas y soluciones del mayor interes para el operador juridico parlamentario.

Hace ya más de cien años escribía Mario Navarro Amandi que para que una ley electoral pueda decirse buena, es preciso “que tenga voto todo el que deba tenerlo, que el voto dé por resultado la pondera

La doctrina administrativa ha prestado en general una atención relativamente escasa a la actividad promocional o de fomento, al menos en comparación con otras formas de actuación de la Administración. Si esto es asi con caracter general, aun cuando no deban menospreciarse muy interesantes obras aisladas, especialmente en el caso de las subvenciones, la desatencion se agudiza cuando se llega a los beneficios fiscales. Obviamente, el importante peso que tiene la ley en su definicion y establecimiento no ayuda a su estudio desde una perspectiva del actuar de la Administracion. Sin embargo, la actividad de fomento a traves de incentivos fiscales constituye uno de los instrumentos mas relevantes de la actuacion administrativa. De acuerdo con los datos mas recientes, los beneficios fiscales previstos por el Estado para 2023 superaran los 45 mil millones de euros, que se elevan a casi 60 mil millones si se suman los correspondientes a las Comunidades Autonomas y los entes locales. Esto hace que hablemos de casi un 5% del PIB español. De hecho, no falta un importante sector doctrinal que promueve el recurso a la tecnica de los beneficios fiscales en detrimento de las ayudas o subvenciones como principal instrumento de fomento de actividades privadas. En este ingente gasto fiscal el Gobierno asume una posicion de gran protagonismo en su establecimiento, no solo a traves del monopolio de la presentacion del proyecto de ley de presupuestos, en el que muchas veces se concretan estas opciones, sino tambien a traves de su capacidad para vetar e impedir la tramitacion de cualquier iniciativa de la oposicion dirigida a establecerlos. A ello ha de añadirse la indudable actividad de indole administrativa que comportan las tareas de comprobacion de la efectiva concurrencia de los requisitos necesarios para disfrutarlos o incluso - menos frecuentemente - la del propio reconocimiento de la pertinencia del beneficio. Por tanto, el analisis desde dicha perspectiva administrativista no es solo posible, sino necesario y viene a rellenar un hueco en la doctrina, insisto, mucho mas atenta a la figura de la subvencion. En este sentido, esta obra aborda en primer lugar un encuadre del beneficio fiscal, explicando una serie de elementos constantes en su larga historia como tecnica de fomento, su definicion, naturaleza y utilidad practica, asi como el marco constitucional y de Derecho de la Union Europea, que determinan tanto su legitimidad como distintos requisitos para su regulacion, dada en el ultimo caso su condicion de ayuda de Estado. A continuacion, se expone una serie de condicionantes para la actuacion del Gobierno en su impulso y establecimiento, que, sin hurtarle una facultad que forma parte de su capacidad para dirigir la politica interior y exterior reconocida por el articulo 97 CE, faciliten el cumplimiento de los principios constitucionales de lo que no deja de ser un gasto fiscal. Entre ellos, se abordan la publicidad de los incentivos fiscales, la participacion de los interesados en su adopcion, asi como en el establecimiento de limites como su caracter no discriminatorio y su respeto a la libre competencia en el sector privado, e incluso su capacidad para aportar recursos privados adicionales a las politicas publicas que tratan de favorecer, mas alla de la financiacion publica indirecta que suponen. Y, por supuesto, el regimen aplicable a las actividades de gestion y control de los bene...

Bajo el título Estado democrático y elecciones libres un grupo de autores de diversa procedencia y del máximo nivel jurídico - catedráticos de Derecho, letrados de las Cortes Generales y de la Asamblea de Madrid, magistrados del Tribunal Supremo - aborda un estudio sistematico de los problemas mas relevantes y de actualidad del derecho electoral. Entre ellos destacan su presupuesto basico, el derecho fundamental a la participacion politica, con cuestiones como la discutida legitimidad de las listas paritarias o la importante jurisprudencia del TEDH, que recientemente ha ratificado la correccion de la ilegalizacion de Herri Batasuna y de sus candidaturas electorales, hasta la organizacion y control de las elecciones, pasando por temas tan significativos como los sistemas electorales en España, con su proyeccion directa sobre la estabilidad institucional, o las campañas electorales, fuente siempre de tensiones entre los participantes. Todo ello teniendo en cuenta no solo el ya cuantioso caudal de fuentes normativas - Constitucion, LOREG, Estatutos de Autonomia, leyes electorales autonomicas, jurisprudencia y doctrina de la Junta Electoral Central - sino tambien las mas recientes aportaciones como el Informe del Consejo de Estado de 24 de febrero de 2009 y los Informes de la Junta Electoral Central de 20 de enero, sobre aspectos que pueden incluirse en una eventual reforma legislativa. El resultado es una obra expuesta de manera elegante y clara, a la par que minuciosa, imprescindible para el estudioso de los temas electorales.

Transcurridos ya tres años desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, resulta más que oportuno echar un vistazo a algunas de las cuestiones más relevantes del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento. Por supuesto, ademas de su incidencia sobre el sistema de fuentes, se analizan las novedades desde el punto de vista de la arquitectura institucional, con muestras de una cierta renacionalizacion de la Union, entre las que deben recordarse la consagracion del Consejo Europeo como institucion de primer orden politico o la llamada a la actuacion de los Parlamentos nacionales, aunque sin olvidar un refuerzo constante del sistema jurisdiccional, con un Tribunal de Justicia cada vez mas complejo y especializado, ni la pugna del Parlamento Europeo por encontrar una posicion desahogada. Pero tambien algunas politicas sectoriales de singular relevancia, como el Espacio de libertad, seguridad y justicia, la Politica Comun de Seguridad y Defensa o los nuevos desafios del derecho en Internet y su incidencia en la proteccion de datos de caracter personal. Todo ello sin olvidar la consagracion definitiva de esa Europa del Derecho que supone el reconocimiento de plena eficacia juridica a la Carta de Derechos Fundamentales. Para afrontar con el debido rigor esta tarea, se han reunido algunos de los mejores especialistas en la materia que combinan una muy alta formacion teorica con la imprescindible sensibilidad practica que requiere el lector.

La oleada de normas aprobadas no deja, por lo novedoso, de ser un ensayo sobre la eficacia de establecer una supervisión común y equivalente de un mercado en la Unión, pero utilizando para ello las administraciones de los Estados miembros. La idea, que bien puede conectarse con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, es no aumentar el peso institucional de la Union mas alla de lo imprescindible, e incluso permitir la adaptacion de las normas a las diversas circunstancias de los Estados miembros [] El tiempo dira, pues, si la novedad de la que hoy damos cuenta se convierte en un camino util que pueda ser explorado en otros sectores y en el que la formacion de un derecho sancionador comun - por lo demas muy familiar para sus destinatarios, pues no deja de inspirarse en sus tradiciones constitucionales comunes - que hayan de aplicar los Estados miembros supla a la creacion de nuevas entidades europeas, o solo una experiencia fallida previa a una centralizacion superior.