JOSE ASO ESCARIO

La correcta estimación del intervalo postmortal requiere la colaboración de numerosos profesionales. El principal objetivo de esta obra es armonizar las actuaciones de estos diferentes profesionales implicados en la investigación y muy especialmente la de aquéllos que son los primeros en llegar al lugar como policías, guardia civil, médicos de Urgencias, etc. Esta implicación multiprofesional está marcada trascendentalmente por la enorme importancia que para el cálculo del IPM tienen las estimaciones cuanto más precozmente sean efectuadas, lo que subraya la actuación de los profesionales que examinan el cuerpo y el lugar del hecho en primer lugar. Se trata de una de las cuestiones más espinosas y difíciles de toda la medicina legal. Se ha dicho al respecto que ¿la data de la muerte preside todas nuestras actuaciones periciales y siempre es una cuestión médico-legal a resolver¿. Consta de un CD-ROM con un programa propio para la integración de todos los parámetros estimativos que permitan obtener la aproximación más exacta al momento de la muerte.

En una línea de practicidad evidente, el libro nació del intento de aportar un análisis médico-forense y algunas explicaciones sencillas a los elementos biomédicos que circunscriben el anexo de la Ley 30/95. Con este objetivo, también se acompañó de una presentación de lo publicado en el BOE que tuviera trascendencia en la aplicación cotidiana de los términos biomédicos. Se ha diseñado un programa informático, asimismo, que permitiera el cálculo de las indemnizaciones que la aplicación de la normativa pudiera generar. Se utilizaron en su creación el Anexo de la Ley 30/95, la actualización de las indemnizaciones de 1997 y la posibilidad de generar otros cálculos personalizados mediante la utilización directa del IPC del año en curso y de los que fueran haciéndose públicos. La nueva edición no ha surgido de dichas actualizaciones, que podían hacerse automáticamente, sino de la Disposición adicional decimoquinta, sobre la Modificación de la letra A) de la tabla V de la Disposición Adicional Octava de la Ley 30/95, referida a la indemnización básica (incluidos daños morales), y con ella todas las actualizaciones posteriores, con lo que variaban los cálculos de forma nuclear. Esta modificación determina un importe diario de indemnización y una nueva filosofía de valoración. Recientemente, una sentencia del Tribunal Constitucional ha declarado la Ley constitucional y vinculante, dejando libertad de aplicación a los jueces, quienes no poseen ningún otro instrumento legal en estos momentos. Respecto a las valoraciones, sólo se ha declarado inconstitucional la aplicación de los factores de corrección respecto a los días de incapacidad temporal, lo cual queda recogido en el CD-ROM con la introducción de un hipertexto.

Si el cerebro todavía resulta a los clínicos difícilmente comprensible en muchos aspectos, tal desconocimiento no es menor en el terreno médico-legal. Hay numerosas controversias que deben dirimirse en los juicios y, sin embargo, no existe una corriente formativa, dirigida al especialista o al médico experto, orientada específicamente hacia la Neurotraumatología Forense. Hay, en consecuencia, una marcada escasez de publicaciones al respecto. Esta obra intenta clarificar muchos de los interrogantes que plantean los TCE y que pueden plantearse no sólo al perito sino también al profesional sanitario. Cualquier persona que intente abordar un aspecto médico-legal relacionado con un traumatismo craneal probablemente encontrará en este libro, sino la solución definitiva a la cuestión, sí orientaciones útiles al respecto y que probablemente no figuran en los textos convencionales. El libro abarca el mayor número de estas cuestiones, insistiendo también en los aspectos relativos a la mala praxis médica. Es este un espinoso problema para todas las especialidades médicas, si bien en los traumatismos craneales resulta primordial contar con una recapitulación sobre los estándares médicos adecuados a la "Lex Artis Ad hoc". La pericia en tales denuncias ha de ser escrupulosa y acometida por expertos. La víctima ha de ser siempre el objetivo primordial y no sólo en su terapia, también en la prevención de riesgos evitables y, llegado el caso, en una justa evaluación de sus secuelas.