José María Lago Montero

La Hacienda Local no es ajena a la crisis económica que padecemos desde finales de 2007. Sus recursos se han visto mermados considerablemente por la disminución de la actividad económica generadora de los mismos. La gestión de competencias impropias, de hecho o de derecho, se ha visto afectada de lleno por la menor disponibilidad de recursos financieros, lo que lleva inevitablemente a una reordenación del marco competencial local y autonómico. La obra aboga por una clarificación de las competencias locales, que las circunscriba a aquellas en las que sea indubitada la capacidad administrativa local para desempeñarlas pues sólo así será viable la segunda descentralización que pretende articular el llamado Pacto Local. Se apuesta también decididamente por las Diputaciones Provinciales, engarce idóneo entre las Administraciones Locales y las Comunidades Autónomas para el desempeño de competencias concurrentes de ambas. Se postula una reordenación de la cooperación económica local hacia la participación local en los ingresos de las Comunidades Autónomas, P.I.C.A.S., en desarrollo del artículo 142 CE no pleno en Castilla y León. Se proponen reformas en las participaciones en los ingresos del Estado y en todos los recursos integrantes del susbsistema tributario local que hagan a éste capaz de sostener la Hacienda Local del siglo XXI.

La realización de este trabajo, que arrancó como comentario a la ley e cesión de tributos de 2001, ha estado extraordinariamente condicionada por el convulso panorama normativo que afecta a la estructura misma del Estado. España camina hacia no sé sabe donde, en esta y en otras parcelas de la vida pública, siendo tantos y tan profundos los cambios que se van produciendo, que cualquier estudio sobre estas cuestiones se ve afectado derechamente en su estructura, en su función y en su objeto. No hemos podido sustraernos a esta situación jurídico-social de fondo. Uno de los grandes méritos que tiene el trabajo que el lector tiene en sus manos radica en el atinado examen de la Sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 28 de junio de 2010. Quienes elaboraron el proyecto de Ley de reforma del Estatuto catalán aspiraban, y ahí están los diarios de Sesiones, a reeditar algo tan moderno, y al tiempo tan solidario, como los regímenes de Concierto o Convenio. Que tal pretensión fuera manifiestamente contraria al texto constitucional era una minucia que no debía frenar tan arraigado y moderno impulso. Las Cortes Generales insensibles, algo, no mucho, ante tan vanguardistas pretensiones, sometieron el primitivo texto a una considerable poda, emprendiendo un camino por el que luego ha transitado el Tribunal Constitucional.

Se analiza en este trabajo la compleja y exuberante imposición que soporta la renta de las personas físicas y jurídicas en España, criticando los excesos de una regulación prolija y confusa y proponiendo algunas medidas que contribuyan a aliviarla. Para ello se analizan aspectos llamativos en la configuracion del I.R.P.F. tales como su caracter dual con progresividad agresiva y selectiva; la huida de los profesionales al I.S.; el desbordante ejercicio de su potestad normativa por parte de las C.C.A.A., con especial atencion a Castilla y Leon, y si es posible hacer frente a la despoblacion del mundo rural con medidas tributarias. En cuanto al I.S. se repasa el estado actual de sus principales polemicas tales como su relacion con la contabilidad, gastos deducibles, planificacion fiscal agresiva y B.I.C.C.I.S., en busca de una simplificacion de las obligaciones formales y contables, especialmente para las PYMES, dando cuenta de la discutible pervivencia del I.R.N.R. en su actual diseño.Se pasa revista a la dificil justificacion de otros impuestos estatales que gravan renta, particularmente de los nuevos impuestos estatales sobre la energia; al denostado impuesto sobre sucesiones y donaciones, formulando razones para su subsuncion en el I.R.P.F. y criticando el uso abusivo de sus potestades por las C.C.A.A., tambien de Castilla y Leon. Se propone una reordenacion a medio plazo de otros impuestos regionales sobre la renta, que deben ser objeto de coordinacion en L.O.F.C.A. y L.S.F.C.A. Se critica la articulacion creciente de impuestos autonomicos pretendidamente ambientales y se reclama racionalidad en los impuestos velatorios de la funcion social de la propiedad. Se formulan alternativas a los golpeados I.A.E. y I.I.V.T.N.U. asi como reformas aplazables e inaplazables que deberian adoptarse en ambos.Jose Maria Lago Montero es Catedratico de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, de la que fue Vicedecano, asi como Director del Departamento de Derecho Administrativo, Financiero y Procesal. Ha sido Vocal del Consejo Economico y Social de la Comunidad Autonoma de Castilla y Leon, por el grupo de expertos, y actua como Magistrado adscrito a la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leon desde 1999 en funciones de refuerzo coyuntural.Tras 35 años de docencia, ha investigado preferentemente en materia de Hacienda autonomica y local, procedimientos administrativos tributarios, tasas y precios publicos, sujetos pasivos, garantias del credito tributario, y conflictividad tributaria, cuestiones de las que es autor de varias docenas de articulos, capitulos de libros y monografias, entre las que destacan Las liquidaciones cautelares en el Derecho Tributario Español, La suspension de las liquidaciones tributarias, La sujecion a los diversos deberes y obligaciones tributarias, El Poder tributario de las Comunidades Autonomas, Tasas Locales: cuantia, Comentario a la ley de tasas y precios publicos de Castilla y Leon, Comentarios a la Ley del Sistema de Financiacion de las Comunidades Autonomas, La Hacienda local ante la segunda descentralizacion, Tasas portuarias y Litigiosidad tributaria: estado, causas y remedios