Matilde Carlón Ruiz

Cuando hace casi veinte años que se inició un proceso de liberalización en el sector de las telecomunicaciones, parece que se cuenta ya con la suficiente perspectiva como para hacer balance de sus resultados. Superada la sorpresa inevitable ante lo que -al menos en apariencia- se presenta como radicalmente novedoso, parece llegado el momento de reflexionar con más sosiego sobre algunas de las nuevas técnicas incorporadas a un ordenamiento modificado en sus principios basilares, máxime teniendo en cuenta que el propio transcurso del tiempo ha dado ocasión para su aplicación práctica. Entre estas nuevas técnicas destaca sobremanera, porque es manifestación evidente del cambio de principios operado, la del servicio universal de telecomunicaciones. No debemos olvidar que el mencionado proceso de liberalización en este sector se explica en la sustitución de un régimen monolítico de servicio público, entendido en términos de titularidad pública del servicio en su totalidad, por la consideración de las actividades de telecomunicaciones como servicios abiertos a la libre competencia. Pero, eso sí, no servicios en competencia sin más, sino servicios reconducibles a la cada vez más precisa categoría de lo que en el ámbito comunitario se conoce como "servicios (económicos) de interés general". En definitiva, servicios que, aunque prioritariamente sometidos a la reglas de la libre competencia, exigen una cierta intervención de los poderes públicos para garantizar su prestación -al menos en cierto grado y bajo ciertas condiciones de calidad y precio- a todos los ciudadanos. El servicio universal de telecomunicaciones es la m&aacut

Cuando han pasado veinticinco años desde la entrada en vigor de la Ley de Costas, el cuestionamiento que de su alcance -que no de su planteamiento de principio- ha supuesto la reciente aprobación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Proteccion y Uso Sostenible del Litoral y de modificacion de aquella, obliga a hacer balance de la virtualidad que este instrumento legal haya podido tener para afrontar su objetivo confesado de reaccionar frente al que califica de "urbanismo nocivo". Un simple paseo por el litoral es, por si mismo, elocuente del fracaso en la puesta en practica de una ley que construyo un modelo de proteccion del litoral en clave estatal que, por definicion, requiere una delicada articulacion con las competencias autonomicas y locales en materia de ordenacion del territorio y urbanismo, tal y como puso se manifiesto tempranamente el Tribunal Constitucional en sus SSTC 149 y 198/1991.A estudiar las claves de esta dificil articulacion entre ordenamientos se dedica el presente estudio. Para ello, aun asumiendo como perspectiva la legislacion sectorial de costas, no se obvia el analisis de las legislaciones urbanisticas autonomicas y los instrumentos aprobados por las distintas Comunidades para la ordenacion de su litoral, siempre a la luz de la abundante jurisprudencia en la materia, todo lo cual permite ofrecer una vision completa tanto teorica como practica- de las peculiaridades de la ordenacion territorial y urbanistica de las costas. Y ello de forma mas minuciosa en la mal llamada servidumbre de proteccion de costas, en la que se evidencian, con especial intensidad, la pluralidad de intereses, publicos y privados, en presencia en una cuestion que, precisamente por su caracter polemico, requiere un analisis cuidadoso y matizado como el que la presente obra ofrece.

INDICE: Principios inspiradores de la actuación administrativa. Fuentes del ordenamiento jurídico-administrativo. Teoría general del reglamento. Fuentes de la Unión Europea. Principios de interacción entre el derecho de la Union Europea y el derecho nacional. Organizacion administrativa. Actividad formal de la administracion. Contratacion publica. Formas de la actividad administrativa: limitacion, fomento, servicio publico, sancionadora, arbitral. Expropiacion forzosa y responsabilidad patrimonial de la administracion publica. Empleo publico. Bienes publicos.

La creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia por la Ley 3/2013, de 4 de junio, supone una apuesta del legislador español apenas ensayada en el contexto europeo que se enfrenta con grandes retos. A la opcion integradora y multisectorial que supone integrar en un solo organismo las funciones de defensa de la competencia y de regulacion de distintos sectores liberalizados -telecomunicaciones, energia, postal, audiovisual, transporte ferroviario y aeroportuario, algunos de los cuales han experimentado profundas reformas recientes-, se ha sumado ultimamente el protagonismo de la nueva CNMC como garante de la unidad de mercado. Las importantes novedades organizativas y competenciales que este nuevo modelo trae consigo imponen una reflexion de mayor calado sobre cuestiones capitales como la convivencia entre regulacion y defensa de la competencia o la propia naturaleza, en clave europea, de las Administraciones independientes.De todo ello se ocupa este libro colectivo elaborado por los mas destacados expertos en las diversas cuestiones organizativas, competenciales y dogmaticas de las que trata en profundidad.