NURIA CASTELLO NICAS

Nuevamente, esta vez a través del presente libro, viene a introducirse su autora en una cuestión tan compleja como problemática como es la determinación de la pena en los delitos dolosos y los criterios legales reflejados en el apartado primero del artículo 66 del Código penal. El trasfondo del tema, ya podrá imaginarlo el lector, es de una importancia político criminal extraordinaria, puesto que resulta ineludible entrar —y la autora así lo hace— en la cuestión de la medida o margen que un Estado de Derecho puede y debe dejar a sus Jueces y Magistrados en la determinación de la pena. Frente a quienes critican la normativa vigente tachándola de excesivamente restrictiva de la discrecionalidad o arbitrio judicial, intentando que nuestro Texto punitivo se equipare a los amplísimos márgenes que por ejemplo concede el StGB alemán, creemos adecuada —por equilibrada e intermedia— la opción que hace nuestro legislador. Que el artículo 66.1 CP tase algunos criterios, sobre la base del juego de circunstancias atenuantes y agravantes de carácter ordinario o cualificado, constituye una alternativa político criminal muy razonable, a caballo entre las superadas exigencias positivistas de un principio de legalidad que pretendía configurar al Poder Judicial como simples voces de la voluntad del legislador, y la concesión a nuestros Jueces y Magistrados de un arbitrio casi absoluto que eventualmente pudiera convertir sus resoluciones en pura arbitrariedad. Otra cosa es, y así lo resalta acertadamente la Prof.ª Castelló, que en concreto nuestro Texto punitivo y específicamente el artículo 66.1 CP conceda a veces un campo de juego excesivo en la fijación concreta de la pena, equiparando a veces injustamente casos en los que debió establecer algún criterio adicional más taxativo (así sucede, por ejemplo, con la posibilidad abstracta de equiparar la pena en casos en los que concurre sólo una atenuante —artículo 66.1.1.ª CP— y aquéllos en los que no está presente ninguna causa de atenuación o d