XULIO FERREIRO BEAMONDE

En El proceso de disolución de partidos políticos se realiza un análisis jurídico-procesal de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y, concretamente del procedimiento especial ante la Sala también especial del art. 61 LOPJ del Tribunal Supremo, a la cual se le atribuye competencia para la ilegalización de partidos políticos por la realización por parte de los mismos de actividades contrarias a los principios democráticos o por poseer un funcionamiento o estructura incompatibles con tales principios. A lo largo del libro se va desgranando la regulación procesal de la LOPP y la cuantiosa jurisprudencia dictada al efecto tanto por el Tribunal Constitucional como por el propio Tribunal Supremo, a raíz de la ilegalización de los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, así como de aquellos otros fuesen jurídicamente partidos, o se configurasen como agrupaciones de electores que han sido posteriormente disueltos por considerarse sucesores fraudulentos de los anteriores. En la realización de esta labor se han procurado resolver los asuntos jurídicamente más polémicos que, desde el punto de vista procesal, ha suscitado la Ley de Partidos: naturaleza jurídica del proceso de ilegalización, atribución de la competencia a la Sala Especial del art. 61 LOPJ del Tribunal Supremo, alcance de la ejecución de la sentencia de disolución, la sucesión fraudulenta del partido disuelto, la posibilidad de rehabilitación de los partidos ilegalizados, etc.; poniendo de manifiesto, la imperfección técnica en muchos aspectos de la Ley y la no siempre a juicio del autor acertada aplicación de la misma por parte de los máximos órganos jurisdiccionales del Estado.

La víctima, desde siempre, ha sido el protagonista olvidado del proceso penal. Acaso por que la defensa de sus intereses es asumida por el Ministerio Fiscal, lo cierto es que en la literatura jurídica española no ha sido un tema que haya merecido la suficiente atención. Incluso ese abandono hacia el sujeto pasivo de la infracción criminal se ha manifestado también a nivel normativo, hasta el punto que el primer texto que se preocupa de la cuestión será la Declaración sobre principios básicos de justicia para las víctimas del delito y abuso de poder, adoptada por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 29 de noviembre de 1985. E igual puede decirse a nivel nacional, donde la primera disposición dedicada específicamente a la materia ha sido la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. Como con acierto reseña la propia Exposición de Motivos de esta última disposición, «en muchas ocasiones, el abandono social de la víctima a su suerte tras el delito, su etiquetamiento, la falta de apoyo psicológico, la misma intervención en el proceso, las presiones a que se ve sometida, la necesidad de revivir el delito a través del juicio oral, los riesgos que genera su participación en el mismo, etc., producen efectos tan dolorosos para la víctima como los que directamente se derivan del delito». El presente libro tiene justamente por objetivo el realizar un estudio integral de los diversos modos en los que la víctima de un delito está capacitada para participar en el proceso penal dirigido al enjuiciamiento de ese hecho del cual ha sido sujeto pasivo, y en qué medida el proceso penal es un instrumento hábil para la satisfacción de las necesidades del perjudicado. En el desarrollo de la labor investigadora se han utilizado una amplia diversidad de materiales, tanto doctrinales como legislativos y jurisprudenciales. Tomando como referencia en todo momento la regulación positiva española, complementada con las aportaciones de la doctrina y de la jurisprudencia, se acude, cuando ello ha resultado necesario, al estu